Carriedo dice que la financiación autonómica «no debe entrar en la negociación de un nuevo Gobierno»

En declaraciones recogidas por Ical durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo coincidió con Montero al considerar «urgente» modificar un modelo de financiación que data del año 2009 y que «hace tiempo que perdió su vigencia», además de que no responde «a los intereses de esta Comunidad».

Volvió a reclamar en ese sentido, como recordó que ya hizo «por carta y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera», que se tengan en cuenta para la configuración de la financiación autonómica «variables de territorio y demografía», que deben adquirir «más relevancia» en el nuevo modelo, según el portavoz de la Junta.

Sin embargo, insistió en que esta reforma de la financiación autonómica es un asunto que se debe dejar «fuera de la negociación de la conformación de un nuevo gobierno» y se debe realizar a través de una «negociación multilateral» en la que participen «todas las comunidades autónomas».

«No nos parece que un tema importante como este tenga que ser el pago de un precio político para conformar un gobierno», declaró el consejero de Economía y Hacienda de la Junta, por tratarse del mecanismo con el que se financian «servicios públicos esenciales», de manera que debe negociarse «con todas las comunidades y en condiciones de igualdad».

En cuanto a la posibilidad de introducir la condonación de la deuda de determinadas comunidades en el nuevo modelo de financiación, Carriedo planteó que los recursos que se destinen a ello «se tienen que repartir con criterios objetivos y en plano de igualdad» entre todas las comunidades autónomas y según se acuerde en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

«No tiene sentido un reparto desigual, de forma no objetiva y dirigido solo a algunas comunidades solo por el hecho de que el voto de determinadas formaciones independentistas sea más necesario para conformar un Gobierno de España», sostuvo el portavoz de la Junta, manifestando su oposición a que «la negociación de la deuda sea el pago de un precio político que cree desigualdades y desequilibrios».