Carriedo denuncia que el 16% de los gastos en servicios sociales no está cubierto por el sistema de financiación

En este sentido, denunció que casi un 16 por ciento de los gastos de sanidad, educación y servicios sociales «no está cubierto por el sistema de financiación» e insistió ante la Cámara en la «necesidad de una reforma a fondo del sistema, cuyo mal funcionamiento penaliza especialmente a Castilla y León, por razones demográficas relacionadas con el envejecimiento de la población, la elevada extensión y la dispersión territorial».

Carlos Fernández Carriedo repasó los ingresos de la Comunidad y precisó que las entregas a cuenta del modelo de financiación y la liquidación del sistema suman 6.862 millones, con una subida de tan solo el 1,5 por ciento respecto al ejercicio actual. «Esta es una cantidad insuficiente para financiar los gastos ordinarios derivados de la prestación de los servicios públicos esenciales». De esta forma, los recursos recibidos del modelo de financiación, dijo, «ni siquiera alcanzan el nivel de gastos que hemos presupuestado para las tres Consejerías sociales, que asciende a 8.165,9 millones de euros».

Carriedo, que abrió las comparecencias de los consejeros para explicar las cuentas elaboradas por el Ejecutivo autonómico para el año que viene en el Parlamento autonómico, constató, en este sentido, que el Presupuesto, con 12.835 millones de euros y un crecimiento del 4,4 por ciento, aumenta por la favorable evolución de la recaudación tributaria en un contexto de crecimiento económico, por la presupuestación de los fondos europeos de nueva generación, y por el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo relativo al IVA que se adeuda ala Comunidad.

El titular de Economía y Hacienda indicó que el bloque de recursos que más crece es el que tiene su origen en la Unión Europea, un 50,4 por ciento de incremento para un total de 1.840 millones. El consejero reseñó que también van a presupuestar los 190 millones de euros correspondientes a la devolución de la mensualidad del IVA, que se nos ha reconocido por Sentencia del Tribunal Supremo.

Carriedo repitió que Castilla y León se opone a que los fondos de la UE se utilicen por parte del Gobierno de España como «moneda de cambio de apoyos parlamentarios». Asimismo, consideró que los fondos «debieran dirigirse a la modernización de los territorios, sin que su asignación se efectúe por criterios ideológicos o de oportunidad política por parte del Gobierno». Reiteró el consejero Castilla y León «no renunciará a exigir un fondo COVID para 2022, y a que éste se reparta en función de criterios objetivos y transparentes».

Además, los ingresos derivados de los tributos propios de la Comunidad, se estiman, dijo, 743,7 millones de euros, e incluyen una subida del 5,8 por ciento, «como consecuencia fundamentalmente de la recuperación de la actividad económica».

Carriedo recordó en este sentido, que la Junta introducirá nuevas mejoras fiscales el año que viene, para alcanzar favorecer a casi medio millón de habitantes con un ahorro de 509 millones de euros. De esta forma, dijo el consejero, «se demuestra que la reducción de impuestos es plenamente compatible con el aumento de las bases imponibles y de la recaudación tributaria. De hecho, desde la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, estas últimas se han multiplicado por 13 en relación con idéntico periodo de referencia previo a la pandemia».

El consejero destacó que las cuentas elaboradas son coherentes con el Acuerdo de legislatura firmado entre el Partido Popular y Ciudadanos, y recogen el mayor gasto público en la historia de la Comunidad. Aseveró que se trata de un presupuesto inversor, en el que las inversiones reales crecen un 38,92 por ciento, mientras que los gastos corrientes se estabilizan.

Carlos Fernández Carriedo defendió que se trata de un proyecto dinamizador de la economía regional, al apostar por la I+D+i y los apoyos a la financiación de proyectos empresariales, en particular de pymes y emprendedores, en la industria agroalimentaria y la diversificación de la economía rural.

Asimismo, defendió que potencia la máxima coordinación en relación con los fondos Next Generation EU, que se presupuestan por primera vez con 624,42 millones de euros; y es «prudente», porque mantiene «una gestión responsable del endeudamiento».

Carriedo precisó que los objetivos pasan por la recuperación de la actividad económica y el empleo; la prestación de servicios públicos esenciales de calidad; la apuesta por el mundo rural y la lucha contra la despoblación; y en avanzar hacia una Castilla y León más verde, digitalizada e inclusiva. Como novedad, recalcó que el 79 por ciento de los programas presupuestarios están diseñados para avanzar en 16 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El presupuesto está enmarcado, dijo Carriedo, en una Previsión de un crecimiento económico del 4,9 por ciento; con una reducción de la tasa de paro hasta el 12 por ciento de media anual, y aumento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 2,4 por ciento, con una tasa de referencia del déficit de 0,6 por ciento.

En este sentido, advirtió de que «la consecución de este escenario macroeconómico no está exento de ciertos riesgos, tanto internos como externos». Así, constató que «será importante ver cómo evoluciona el dato de la inflación, cuyo indicador adelantado la situaba en el 5,5 por ciento en España, el peor dato de los últimos 29 años».

Del mismo modo, señaló que «será esencial que puedan contenerse los altos costes de la energía y de las materias primas, así como que se solucione el problema de la escasez de stocks y las dificultades de abastecimiento en algunos productos».

Por lo que respecta a los gastos, Carriedo se congratuló de que las consejerías sociales dispondrán del 78,2 por ciento del gasto no financiero. Esto, concretó, supondrá un esfuerzo conjunto sobre el PIB cercano al 13 por ciento (7,05 por ciento en Sanidad, 3,97 por ciento en Educación y 1,93 por ciento en Familia e Igualdad de Oportunidades).

El consejero incidió en que los programas de atención a personas mayores y con discapacidad sumarán 474,65 millones de euros, donde los de atención a la dependencia se incrementan en 73,45 millones. Además, comentó que la red de protección a personas y familias contará con 348,56 millones. Y se incluyen 35 millones para la Renta Garantizada de Ciudadanía, además de complementar el ingreso mínimo vital. Agregó que hay que añadir 24,58 millones para ayudas de alquiler del Plan de vivienda.

Carlos Fernández Carriedo constató que la Junta también apuesta por mantener una enseñanza escolar y universitaria de excelencia. El presupuesto en este concepto se incrementa en un 4,1 por ciento hasta alcanzar 2.394,87 millones de euros. Entre ellos, 402 millones para el funcionamiento de las universidades públicas, y otros 16 millones para el programa de gratuidad de libros de texto y la reducción de las tasas en las primeras matrículas de máster y grado. Destacó asimismo, Carriedo una partida de 75,7 millones para centros infantiles y servicios de conciliación de las familias.

El consejero puso sobre la mesa además que también se incrementan en un once por ciento (hasta 22,2 millones) los programas de empleabilidad y formación de jóvenes. Y se incluyen 29,03 millones en beneficios fiscales en su apoyo.

En materia económica, el consejero anunció apoyo a los proyectos empresariales con 109,71 millones de euros para impulsar propuestas que generen empleo, así como la presencia exterior de nuestras empresas.

Asimismo, constató que para aumento de las oportunidades de empleo gastarán 396,88 millones (un 15 por ciento más que en 2021) para actuaciones de formación para el empleo, economía social y mejora de la empleabilidad.

En cuanto al empleo para colectivos vulnerables, destinarán 40,29 millones de euros para empresas de economía social y para la integración de personas con discapacidad, con un aumento del 16 por ciento.

Asimismo, para apoyo específico al sector comercial y al turístico, con 36 millones de euros, con el fin de aumentar la competitividad y la calidad de la oferta turística, y su posicionamiento como destino nacional e internacional.

Carriedo también indicó que la colaboración económica con los municipios y provincias sigue siendo una política «prioritaria» que asegura el nivel de calidad en la prestación de servicios. Por ello, el Plan de Cooperación Local recoge 448,24 millones de euros para transferencias a Entidades Locales, un 29,07 por ciento más que en 2021, como suma de la Cooperación General, por 83,88 millones de euros, y la sectorial que agrupa las dotaciones de los diferentes departamentos por importe de 364,35 millones de euros.

Por último, en materia de dinamización demográfica, se han recogido 294 medidas por un total de 1.041 millones de euros.

.