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Lunes, 7 de noviembre 2022, 11:12
El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, insistió este lunes la necesidad de una reforma «a fondo» del sistema de financiación autonómica, ya que las entregas a cuenta y la liquidación del modelo aportarán a las cuentas de la Junta de 2023 ... una cuantía de 8.136 millones, que sube respecto a este año (20,3 por ciento), pero «sigue siendo una cantidad insuficiente para financiar los gastos ordinarios derivados de la prestación de los servicios públicos esenciales». «Únicamente sumando lo presupuestado en las tres Consejerías sociales hay 8.630 millones de euros», recordó, por lo que denunció que «el sistema de financiación deja sin cubrir casi 500 millones de los gastos de sanidad, educación y servicios sociales».
El consejero portavoz, que abrió las comparecencias de los consejeros en las Cortes para explicar el proyecto de presupuestos elaborado por el Ejecutivo de coalición PP-Vox para el año que viene, también explicó que esos recursos están pensados para financiar, entre otros, los gastos vinculados al territorio, y Castilla y León «es el más extenso de España». Carriedo insistió así en que el «mal funcionamiento» del sistema «penaliza especialmente a Castilla y León, por razones relacionadas con el envejecimiento de la población, la elevada extensión y la dispersión territorial».
«La brecha entre lo que recibimos del actual sistema y los servicios públicos que prestamos es notoria y la necesidad de reforzar los aspectos territoriales de la financiación autonómica se hace todavía más patente con las circunstancias acaecidas en años como el actual», resumió.
Carriedo recordó que la Junta dispondrá el año que viene del mayor presupuesto de la historia de la Comunidad, con 13.809 millones de euros, un 12,3 por ciento más que el vigente, pero aclaró que el bloque de recursos que más crece es el que tiene su origen en la Unión Europea, un 62,3 por ciento de incremento para un total de 1.986 millones.
Frente a eso, denunció la disminución de las transferencias, procedentes fundamentalmente del Estado, en un 30,7 por ciento, por la eliminación por parte del Gobierno de España de los fondos COVID, que suponían 633 millones y que «ayudaban a financiar los servicios públicos». Al respecto, recordó a los parlamentarios que «una parte de estos gastos siguen siendo necesarios, y no podemos por tanto encontrar justificación al recorte que el Gobierno de España ha decidido aplicar a la financiación de los mismos».
Carlos Fernández Carriedo expuso que las cuentas se enmarcan en una previsión «prudente» de aumento del PIB del 1,6 por ciento, con una tasa de paro que podría llegar hasta el 10,1 por ciento de la población activa, con una subida del 2,3 por ciento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Junto a esto, recordó que el déficit previsto se reduce del 1,1 al 0,3 por ciento.
En este sentido, dejó claro que «estas previsiones están hoy más que nunca sometidas a los diferentes riesgos de evolución de los mercados, en un escenario muy complicado como el que estimamos atravesar en los próximos meses». «El presupuesto se presenta en un contexto de deterioro de las expectativas de crecimiento económico, derivado de la alta inflación, el aumento de los tipos de interés, el crecimiento de los costes energéticos, las dificultades de aprovisionamiento de materias primas, y el anuncio de subidas de impuestos por parte del Gobierno de España, aspectos todos ellos que generan incertidumbre y falta de confianza», dijo.
Frente al aumento de la presión fiscal del Ejecutivo central, remarcó que las cuentas elaboradas por el Gobierno regional incluyen «la mayor reducción de impuestos a familias y empresas«, con beneficios que aumentan un 60 por ciento, para »reducir el impacto de la subida de precios, y contribuir a impulsar la economía, en particular en los pequeños municipios«.
Las mejoras fiscales 'histórica' podrían favorecer en 2023, dijo, a 478.000 beneficiarios, por un importe de 600 millones de euros, el doble que en 2018, dirigidos especialmente al apoyo a las familias, al acceso a la vivienda y al fomento del empleo.
Carriedo precisó que los ingresos derivados de los tributos propios de la Comunidad, alcanzarán los 828 millones de euros, con un aumento del 17,8 por ciento, lo que «demuestra que la reducción de impuestos es plenamente compatible con el aumento de las bases imponibles y de la recaudación tributaria».
Carriedo, quien recordó su apuesta por la austeridad en un contexto de dificultades, con la congelación de salarios para los altos cargos de Junta, Cortes e instituciones propias, repasó en su intervención los grandes ejes del gasto y apuntó, en primer lugar, a la promoción de la transformación de la economía, para crecer y asegurar empleo estable y de calidad. En este sentido, remarcó que la Red de Ayudas y apoyos a los proyectos de empresas, pymes y autónomos sumará 150 millones de euros, con un aumento del 35,8 por ciento, para impulsar propuestas que generen empleo, así como potenciar la presencia exterior de nuestras empresas. Asimismo, para el aumento de las oportunidades de empleo se destinarán 427 millones, un 24 por ciento más que en 2021.
Carlos Fernández Carriedo se detuvo asimismo en el segundo eje, para la prestación de servicios públicos esenciales adaptados al territorio. Al respecto, destacó que entre las tres consejerías de servicios básicos, Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de oportunidades, gestionarán 8.630 millones de euros, 824 millones más que en las cuentas vigentes, lo que supone un 12,6 por ciento del PIB.
El consejero también comentó que el tercer gran reto presupuestario es la apuesta por el mundo rural, y apuntó al transporte y la movilidad, pensando en todo el territorio y en nuestros pueblos, con más de 34 millones de euros; y a la cooperación económica con las entidades locales como «fundamental para lograr nuestros objetivos», con una partida de 472 millones, que crece un 36 por ciento.
Carriedo también indicó que las cuentas apuestan por reforzar el apoyo a la familia y la juventud, ante la actual situación económica y social, políticas dotadas con más de 1.860 millones de euros, en distintos ámbitos, con un incremento del 27 por ciento. Además, para facilitar el ahorro y la economía familiar, indicó, los beneficios fiscales vinculados directamente a la familia, la vivienda y el empleo ascienden a 583 millones de euros.
Por último, apostó asimismo por buscar el avance hacia una Castilla y León competitiva, digital e innovadora, afrontando los nuevos retos aprovechando nuestros recursos y potencialidades.
En el análisis de las medidas financieras, constató que se incorpora como causa de extinción de las fundaciones públicas de la Comunidad la asunción de su fin fundacional por la Administración General o por las demás entidades del sector público autonómico.
Carriedo resumió su intervención en que la Junta presenta un «presupuesto que se caracteriza por su compromiso con las personas y con el futuro de Castilla y León» que llega con «menos impuestos, mejores servicios públicos, más apoyo para las familias, más inversiones, y más compromiso con el mundo rural».
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