Carriedo defiende la política fiscal de «creación de empleo» de la Junta que el PSOE califica como «elitista»

En respuesta a la pregunta realizada por la procuradora socialista, Rosa Rubio, sobre la valoración que la Junta hace sobre las medidas y beneficios fiscales de la Junta, Carriedo aseguró preferir que «la valoren los ciudadanos», recordando, no obstante, que estos se han podido beneficiar de un importe de 153 millones de euros por la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones.

Además, unió a ello el proyecto de ley de nueva rebaja fiscal, aprobado el pasado jueves, que rebaja el tipo mínimo de gravamen del IRPF e incluye una disminución específica de los impuestos para el mundo rural, consiguiendo que Castilla y León tenga «menos impuestos que la media española, mejores servicios públicos, menos deuda y déficit y menos tasa de paro».

Contrapuso esto a la política de los socialistas que, aseguró, «quieren subir impuestos y cualquier excusa es buena» para desarrollar una política que es «siempre la misma, gravar sobre las empresas, los autónomos, las pymes y los ciudadanos para afrontar el exceso de gasto público de algunas administraciones», que el PSOE «quiere aplicar pero que la gente les niega».

Además, recordó que ahora el Gobierno ha tenido que «asumir el argumento que defendíamos» desde la Junta con la bajada del IVA a la electricidad y al gas. Disminuciones que hacen que Castilla y León «esté entre las comunidades con mejor competitividad fiscal, la segunda con el gravamen más bajo del IRPF y la que da un mejor tratamiento fiscal a las familias, con una política fiscal favorable para el mundo rural».

Por su parte, ante este discurso, la procuradora socialista Rosa Rubio respondió con «datos» que le llevaron a calificar como «chapuza fiscal» la ley de rebaja impositiva que Mañueco anunció «como un beneficio de 2.500 millones de euros para los ciudadanos pero que la directora general de presupuestos dice que será de 30 millones en tres años».

«¿Miente uno o los dos?», se preguntó la procuradora socialista salmantina, que también aseguró que el proyecto de ley es un «calco de la ley de medidas de finales de 2021», por lo que también se cuestionó si «no habrá presupuestos en 2023» así como si «vamos a volver a elecciones autonómicas en 2023».

«También lamentó la supresión del impuesto a vertederos que «disminuye la financiación de nuestros ayuntamientos» y la rebaja fiscal que solo supondrá un beneficio de «35 euros al año para las familias», lo que llevó a la procuradora socialista a considerar la política fiscal de la Junta como «elitista» porque «beneficia a 14.000 ricos con 130 millones de euros» por la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, que también consideró una «amnistía fiscal».

Una medida que, además, según Rubio, «iba a suponer un impulso a la economía y la industria y ha llevado a Castilla y León a la cola de la creación de sociedades mercantiles y a la caída de su producción industrial en casi un cinco por ciento».

«Resultado de sus medidas fiscales, que perjudican a la economía y favorecen el blanqueo de dinero», concluyó Rubio, contraponiendo a estas medidas la rebaja del IVA a la electricidad y el gas aprobada hoy por el Gobierno que supone «un ahorro de 180 millones de euros para un millón de hogares en Castilla y León».