Carriedo defiende la concesión de 107 millones para autónomos a pesar del «fracaso» de la política del Gobierno

Y es que, según manifestó el consejero de Economía y Hacienda en la sesión del pleno en las Cortes de Castilla y León de hoy, la convocatoria de ayudas «no estaba adaptada a las circunstancias de lo que los emprendedores necesitaban e iban a pedir», algo que desde la Junta se advirtió ya «cuando se convocaron».

Sin embargo, Carriedo defendió que desde el Gobierno autonómico se permitió «mantener más tiempo abierto el plazo de solicitud de estas ayudas» y se concedieron ya 107 millones de euros en Castilla y León tras resolverse el 74 por ciento de las 19.000 solicitudes, concediéndose 14.300 ayudas, por lo que «no es verdad que solo se hayan concedido 50 millones ni que se haya devuelto ninguna cantidad porque el plazo finaliza el 30 de junio del año que viene».

«Es verdad que son muchas más empresas las que lo hubieran querido solicitar, pero no han podido», lamentó Carriedo, que criticó por ello la «atención normativa diferenciada» dada por el Gobierno a Canarias y Baleares para «justificar un mayor porcentaje de concesión», pidiendo tras ello «el mismo trato que a las islas» y acusando al procurador de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, de «gran aventajado del sanchismo» por criticar la labor de la Junta a este respecto.

No obstante, Santos Reyero acusó a la Junta de tener que devolver 180 de los más de 230 millones de euros concedidos por el Gobierno para el reparto de estas ayudas, si bien reconoció que el conjunto de las ayudas, a nivel estatal, fueron un «fiasco» porque «solo el 64 por ciento de los fondos se van a dar, lo que implica más del 35 por ciento sin conceder».

En todo caso, el procurador leonesista acusó a la Junta de dejar «más del 74 por ciento del dinero desierto», y aprovechó esa afirmación para manifestar que el Gobierno autonómico «dificulta el emprendimiento» señalando el caso de la biorrefinería de Barcial del Barco, en la provincia de Zamora, a la que se ponen «trabas» en su proyecto de desarrollo porque se le «desaconseja apostar por Zamora», lo que supone «la pérdida de más de 3.000 empleos verdes».

«Hoy y en los próximos meses se les conocerá más que por apoyar el emprendimiento, por los presuntos casos de corrupción por todo lo acontecido en la trama eólica, por el dinero público tirado en embajadas, por la invitación a centralizar todo en la no capital y por la presunta financiación ilegal en el Partido Popular de Salamanca», concluyó Santos.