Carriedo defiende un «buen» proyecto que «servirá para ayudar a las personas y a las familias en un momento de crisis»

Carlos Fernández Carriedo dejó claro que sus cuentas están elaboradas para «ayudar a las personas y a las familias en un momento de crisis» y pretenden «favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo, e impulsar la transformación que necesita Castilla y León». «Construir, entre todos, el futuro que queremos para nuestra tierra», resumió.

Carriedo expresó que desde el Gobierno autonómico están «a favor del diálogo y el acuerdo» pero advirtió de que «nunca» renunciarán «al interés general para obtener apoyos parlamentarios» y «siempre» pondrán «por delante los problemas reales de las personas de Castilla y León».

El consejero defendió ante los parlamentarios el presupuesto «más alto de la historia de la Comunidad», 13.809 millones de euros, un 12,3 por ciento más que de 2021, y que incorpora «la mayor reducción de impuestos a familias y empresas». No obstante, advirtió de que se t»se presenta en un contexto de deterioro de las expectativas de crecimiento». «Existe una elevada incertidumbre respecto a la evolución de la economía, derivada de la alta inflación, el aumento de los costes energéticos, la subida de los tipos de interés, o el anuncio de subidas de impuestos por parte del Gobierno de España», trasladó.

Carriedo insistió en que se trata de un presupuesto «inversor, que canaliza los recursos a los sectores que son motor de la economía, y a aquellos que se están viendo más afectados por la crisis energética».

Asimismo, definió las grandes cifras de la Comunidad para el año que viene como «sociales» porque «dan soporte a unos servicios sanitarios, educativos y sociales de calidad y adaptados al territorio, contribuyendo a la cohesión territorial».

Carlos Fernández Carriedo también ensalzó un presupuesto «eficiente y responsable, que mantiene el principio de austeridad en el gasto de funcionamiento administrativo, y una utilización moderada del endeudamiento».

Carriedo reseñó los cinco ejes en los que se sustentan los prespuestos, y se detuvo de forma especial en que vienen acompañados de «menos impuestos». Al respecto, concretó que los beneficios fiscales se elevan a 600 millones de euros, el doble que en 2018, en el marco de una política fiscal «moderada y justa, con bajada de impuestos, centrada en el apoyo a la familia, los jóvenes y el emprendimiento, especialmente en el medio rural». «Más de un millón de contribuyentes se beneficiarán de la rebaja del 5,3 por ciento del tipo mínimo del IRPF», aseveró.

En este contexto, puso como ejemplo que en el IRPF se eleva en más de un diez por ciento tanto la base máxima anual de deducción como el valor máximo de la vivienda, por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual por jóvenes en zonas rurales. Un incremento que también se aplica, dijo, al Impuesto de Transmisiones y que permitirá, por ejemplo, que un joven que adquiera una vivienda en una zona rural de Castilla y León por valor de 150.000 euros, pague únicamente 15 euros, frente a 15.000 euros que pagaría en otras comunidades autónomas, es decir, «mil veces menos», sentenció arrancando los aplausos de la bancada de su partido.

El consejero indicó además que los presupuestos traerán consigo «mejores servicios públicos», y precisó que el 76,6 por ciento del gasto no financiero de las Consejerías se destina a las áreas sociales, dando soporte a unos servicios «de calidad». Agregó que más del 90 por ciento de los gastos corrientes se centran en las Consejerías de Sanidad, Familia e Igualdad de Oportunidades, y Educación. «Somos la segunda Comunidad del país que más porcentaje de presupuesto destina a políticas sociales: 8.630 millones de euros, lo que supone una cifra equivalente al 12,6 por ciento del PIB», dijo.

Carlos Fenández Carriedo también puso de relive que las cuentas introducen «más apoyo para las familias». Y es que como destacó, el presupuesto incorpora más de 2.400 millones de euros para políticas de apoyo a las familias, con un incremento del 27 por ciento en los estados numéricos para, entre otras cuestiones, garantizar la gratuidad de la enseñanza entre 2 y 3 años. Este incremento, indicó, también irá destinado a las ayudas para hacer frente a la subida de los créditos hipotecarios, reguladas por un Decreto-Ley que también se remitió a las Cortes para su convalidación.

Carriedo también ensalzó el carácter inversor del presupuesto y se congratuló porque las operaciones de capital se elevan hasta 2.534 millones; y el capítulo de inversiones reales contará por primera vez con más de 1.000 millones de euros, con un importante crecimiento del 51 por ciento.

Por último, transmitió que las grandes cifras suponen un mayor «compromiso con el medio rural» y explicó que las modificaciones tributarias se centran en fortalecer una fiscalidad diferenciada para los pueblos y crecen un 36 por ciento, hasta los 472 millones, los recursos para la cooperación con las entidades locales.