Carriedo cifra en casi 55 millones los ingresos por las actividades de comprobación e inspección fiscal en 2018

Así lo declaró en la sesión de este martes del pleno de las Cortes, donde ratificó que la Junta lleva a cabo tareas de liquidación e inspección fiscal, además de que se comprueba la totalidad de las actuaciones de los ciudadanos, lo que ha permitido la recaudación de 47,4 millones de euros a través de liquidaciones complementarias, y de 7,1 millones por labores de inspección.

Carriedo estimó que el establecimiento de una política fiscal para la financiación de los servicios públicos «no es incompatible» con que esta sea «moderada, favorezca la inversión, el empleo, las familias y al mundo rural», y se felicitó de que la corresponsabilidad fiscal en Castilla y León esté «muy por encima de la media española», además de que la Agencia Tributaria tiene «mayor eficacia» en su gestión en la Comunidad que en otras zonas del país.

Así lo dijo Fernández Carriedo en respuesta a la procuradora socialista, Rosa Rubio, quien pidió la valoración del consejero en la lucha contra el fraude por parte de la Junta. Para Rubio, el fraude fiscal constituye «una conducta reprobable» además de «una injusticia» respecto de los ciudadanos que dan cumplimiento a sus obligaciones tributarias. «Es obligación de la Junta velar por los intereses de la Comunidad», recordó Rubio, quien preguntó a la Junta si ha renunciado a la lucha contra el fraude fiscal.

A su juicio, la mejor manera de luchar contra el fraude fiscal es «evitar que ocurra» para lo que pidió mayor número de medios humanos y una estrategia contra el fraude fiscal, porque el personal de la inspección de Hacienda es «totalmente insuficiente». Aunque Rubio recordó que las Cortes aprobaron una PNL socialista en la que se pedía duplicar el número de trabajadores de la inspección durante la pasada legislatura, esta promesa «se ha incumplido» e incluso en los últimos tres años hay 32 profesionales menos.