Carriedo asegura que el Gobierno habla de «armonización fiscal», un eufemismo para querer decir «subir impuestos»

«Nosotros no estamos en contra de una armonización fiscal para todos, pero el Gobierno cuando habla de esto es para que se suban los impuestos de carácter autonómico», afirmó.

Asimismo, se refirió a las peticiones de Castilla La-Mancha, Aragón y Extremadura por el denominado «mix energético o cupo verde», y ligó las posibles ayudas a la financiación autonómica, tal y como se firmó en el último acuerdo del Diálogo Social en materia forestal, en septiembre.

En este sentido, subrayó que la Comunidad es un sumidero de CO2, al tener el 19 por ciento de la superficie forestal de España, pero «recibe menos del seis por ciento de la financiación autonómica del contexto nacional». «Esto habla por sí sólo, porque cuando nosotros protegemos nuestro patrimonio forestal, lo hacemos para el conjunto del país y, por tanto, que haya una financiación específica para ese objetivo lo hemos defendido siempre», apostilló.

Es por ello, que recordó que la financiación autonómica debe vincularse a los aspectos territoriales -superficie, dispersión, envejecimiento-, y agregó que el coste que asume la Comunidad por su extenso territorio «debería ser corregido a través del sistema de financiación autonómico».

Fernández Carriedo insistió en que la Comunidad es un sumidero de CO2 y evita la emisión del mismo a través de su liderazgo en materia de energías renovables. «Somos líderes en energías renovables y en materia forestal porque tenemos más de cinco millones de hectáreas forestales», aseguró. Asimismo, reiteró que la Junta tiene un acuerdo, firmado el pasado año en Santiago de Compostela, con otras siete comunidades autónomas, entre ellas las que exigen el 'cupo verde' en las que se pide esta reivindicación común.

El también consejero de Economía y Hacienda reiteró que existe la obligación de aprobar una nueva financiación autonómica, ya que la existente data del 2009 y perdió su vigencia hace ocho años. «La financiación autonómica se hizo en un contexto de crisis y en beneficio de una Comunidad autónoma. Queremos que se cambie para asegurar la suficiencia de los servicios públicos porque tenemos más docentes, más médicos y más personal en servicios sociales. Sólo en sanitarios hemos aumentado en un 40 por ciento el número desde que asumimos las competencias hace dos décadas. Sin embargo, tenemos una financiación anticuada».

En este sentido, subrayó que cuando el Gobierno aprueba «recortes» repercute directamente en la sanidad, educación y los servicios sociales, y la Junta de Castilla y León debe hacer un esfuerzo «adicional». «El sistema de financiación autonómica en España pasa porque las entregas a cuenta no llegan a cubrir el coste de estos servicios públicos esenciales y tenemos que hacer un esfuerzo adicional», argumentó, para reseñar que sólo este año, la Junta deberá aportar 500 millones de euros a mayores.

Fernández Carriedo recordó que, a principios de año, la Junta remitió un informe acerca de este sobrecoste en respuesta a la propuesta del Gobierno para un nuevo modelo de financiación, y hasta la fecha no han recibido contestación. Precisó que el hecho de que el Gobierno «mire hacia otro lado» respecto a la financiación provoca que se ponga en «riesgo» la financiación de servicios públicos esenciales.

Además, reiteró, que es necesario que la nueva financiación autonómica aumente el peso de las variables ligadas a las características del territorio, que introducen gastos muy importantes.

Por último, recordó que no sirve de nada contar con un Vicepresidencia ligada al Ministerio de Reto Demográfico si no se plantea una financiación autonómica vinculada al mismo. «Lo podemos decir más alto pero no más claro», concluyó.