Carriedo asegura que ya han ejecutado «bastantes más de 100 millones» de los 232 recibidos en ayudas covid para las empresas

Carriedo recordó que Castilla y León fue la segunda autonomía que convocó estas subvenciones, prorrogó una y otra vez los plazos, y amplió los sectores que podían beneficiarse desde 96 de base establecidos por el Gobierno, a 590, el 97 por ciento del total.

El consejero lamentó, no obstante, las dificultades de muchas empresa para poder acceder a estas ayudas, por los criterios rígidos impuestos desde el Ejecutivo central, y trasladó que ya envió una carta a la vicepresidenta del Gobierno, para reclamar su flexibilización y «todavía están a tiempo», dijo.

Carriedo expuso que Castilla y León estará por encima de la media en ejecución de estos fondos, aunque insistió en que habría que flexibilizar los criterios que obligan a las empresas a justificar un 30 por ciento en pérdidas, y un proceso de endeudamiento para afrontar los gastos, porque muchas están en ese límite, y han empleado sus ahorros y su patrimonio para transitar por la crisis, y no pueden justificar su financiación por terceros.

El consejero de Economía y Hacienda reclamó, no obstante, que si no se ejecutan todas las ayudas, la Comunidad pueda disponer de los fondos que sobren, para poder ayudas a muchas empresas que lo están pasando muy mal en la actualidad por la «rotura de stoks» que impide determinados aprovisionamientos.

Carlos Fernández Carriedo lamentó además la situación generada por el incremento de los costes de producción, con un IPC disparado, un 5,6 por ciento, el «peor dato en 29 años», que deteriora los márgenes de empresas, pymes y autónomos y provoca una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. «El IPC dificulta de la vida del conjunto de la sociedad porque graba el ahorro», dijo.

Carriedo denunció, en ese sentido, el «error» del Gobierno al cerrar de forma anticipada las minas de carbón y la centrales térmicas, que podían haber paliado los precios energéticos.

El consejero insistió en el» impacto muy relevante» en las empresas, aunque explicó que el aumento de las exportaciones está demostrando que muchas actividades son competitivas, con productos bien valorados en otros países, por lo que sobre esa base «se podrían elevar los salarios» en algunos convenios. «La experiencia nos demuestra que las épocas de crecimiento y mayor productividad han permitido mejorar las retribuciones», dijo, para ligar las subidas salariales a los aumentos de competitividad empresarial.

En cuanto a los empleados públicos, destacó que también sufrirán pérdida de poder adquisitivo, con un alza de sus retribuciones fijada por el Gobierno del dos por ciento, pese al «esfuerzo» de la Junta, dijo, con el desarrollo de la carrera profesional.