Cáritas destina 7,8 millones de euros al pago de suministros hasta septiembre en Castilla y León

Las once cáritas diocesanas en Castilla y León (las nueve capitales de provincia más Astorga y Ciudad Rodrigo) han contabilizado en los nueve primeros del año el pago de 7,8 millones de euros para hacer frente a los recibos del agua, gas o gasóleo y, especialmente, electricidad. Y eso que el impacto de la subida de la tarifa de la luz comenzó a partir de verano, por lo que los datos facilitados por Cáritas a la Agencia Ical apenas recogen el impacto de la espiral alcista de la electricidad de los últimos meses.

Un desembolso que es superior al realizado por la ONG en todo el año 2019 (7,2 millones de euros) y 2020 (6,1 millones). El número de familias que recibió alguna ayuda para pagar facturas relacionadas con el hogar y hacer frente así a la pobreza energética asciende hasta septiembre de este año a 8.100 frente a las 7.515 beneficiadas en todo 2020. Hasta la fecha, este tipo de entregas, que significan hasta el 60 por ciento del total de las ayudas de urgente necesidad, aún no ha superado las registradas en 2019, cuando llegó a 8.702 unidades familiares, aunque todo parece indicar que las excederá con creces. «Hemos experimentado un aumento importante y existe un cierto temor ante lo que vendrá el último trimestre del año cuando llegue el frío a partir de noviembre y sea necesario utilizar la calefacción y haya menos horas de luz natural», aseguró a Ical el presidente autonómico de Cáritas, Antonio Jesús Martín de Lera.

Reconoció que el dinero que destina la entidad para combatir la pobreza energética es elevado pero que demuestra la realidad de que hay mucha gente que lo pasa «mal». Y eso que precisó que lo prioritario es la alimentación para comer, que acapara los escasos recursos, y luego se buscan afrontar otros gastos. Incluso, puso el ejemplo de una usuaria de Cáritas que hace unos días le comentaba, entre risas, que lo que se iba a ahorrar en calefacción se lo iba a gastar en la compra de medicinas por las bronquitis y los catarros.

Martín de Lera ya alertó en julio durante la presentación de la memoria de la ONG de 2020 que la pobreza «ha tocado a nuestra puerta y la situación sigue siendo muy complicada por que los ERTEs y los subisdios se acaban y el empleo no se regenera. Muchas personas, que hasta ahora, tenían un colchón ven cómo se les acaba». De ahí, que subrayara que un tercio de las personas atendidas el año pasado nunca había acudido a Cáritas a solicitar ayuda.

En ese momento, anunció que la demanda de ayudas en el primer semestre de 2021 en algunas provincias era superior a la del año pasado, con un cambio de patrón por que la gente acudía con «más asiduidad». Por lo tanto, un incremento de los ciudadanos atendidos y un aumento del número de atenciones. Mencionó el temor a que muchas de estas situaciones se «cronifiquen» por que se presta ayuda a más personas y se pagan más recibos.

A la vista del desembolso de Cáritas para el pago de suministros en Castilla y León en los nueve primeros meses del año, cada familia percibió 963 euros. Una cantidad que, según Antonio Martín de Lera, demuestra que la ONG hace frente a muchas facturas, sobre todo electricidad y gas. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hace unas semanas una ayuda extraordinaria y directa, sin trámites, de 130 euros para las personas en vulnerabilidad severa para facilitar el pago de la factura de la luz. «Mi Gobierno protege a las personas. Ninguna familia, sin luz ni sin calefacción, por dificultades económicas. La subida desproporcionada de los combustibles, que son fundamentales, pone en dificultades a muchas familias y la Junta va a estar a su lado», aseguró.

La previsión del Ejecutivo autonómico es llegar a 45.000 familias, principalmente los beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía, el ingreso mínimo vital y personas mayores con pensiones no contributivas o con rentas muy bajas, por lo que el presupuesto de este programa ascenderá a seis millones de euros, aunque si fueran necesarios más fondos se habilitarían.

Cruz Roja es otra de las entidades que cubre las necesidades de los castellanos y leoneses que sufren la pobreza energética, aunque las cantidades desembolsadas son muy inferiores a las de Cáritas. En todo caso, ambas asociaciones están en coordinación constante con los Servicios Sociales de la Junta y de los ayuntamientos para la atención de las personas con dificultades económicas. Es decir, Cruz Roja ha destinado menos dinero al pago de facturas de suministros pero se ha centrado en otros programas.

De ahí que Cruz Roja Castilla y León haya pagado 38.100 euros, hasta el 30 de septiembre de este año, en ayudas de pobreza energética. Se trata de una cifra muy inferior al desembolso en esta materia en todo 2020 (93.000 euros), en 2019 (45.600 euros) y en 2018 (107.200 euros). En los nueve primeros meses del ejercicio, hubo 275 beneficiarios que se repartieron 452 ayudas.

La directora de Intervención de Cruz Roja en Castilla y León, Reyes Revellado, destacó la situación «alarmante» con la pandemia y la postpandemia del COVID, que ha generado grandes demandas de ayudas de todo tipo. Eso sí, subrayó que la prohibición del corte de suministros de agua, electricidad y gas por impago a los usuarios con condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social ha motivado que no se haya producido un aumento de demandas de ayudas para el abono de suministros. «Lo habitual es que hasta que no se produce el corte, las personas en situación de pobreza cronificada no solicitan el apoyo de las asociaciones», declaró.

Los técnicos de la organización realizan una intermediación para que estas personas soliciten el bono social, en caso de no tenerlo contratado, y el cambio de la potencia contratada. Se suman a la entrega de kits de eficiencia energética, la participación en talleres sobre ahorro doméstico y la posibilidad de acometer pequeñas rehabilitaciones en el hogar. Con motivo del incremento del precio de la luz, se llevan a cabo sesiones individualizadas con los usuarios para explicarles el nuevo escenario de la facturación eléctrica.

En su opinión, la pobreza energética se va a ver afectada por las nuevas tarifas cuando se levanten las restricciones del corte de los suministros, sobre todo si ese momento coincide con el invierno, ya que es cuando más uso se hace de las calefacciones que funcionan con gas y electricidad. Además, el real decreto aprobado y prorrogado por el Gobierno de España no incluye el gasóleo ni la leña ni la bombona de butano.

Revellado señaló a Ical que la ONG busca dar una respuesta integral a la situación de vulnerabilidad económica de cada persona atendida. «La pobreza energética está vinculada a otras pobrezas. Buscamos equilibrar los gastos de la unidad familiar para que tengan una vida digna, ya sea de alimentación, higiene, material escolar, juguetes en Navidad, alquiler o suministros de la vivienda», señaló. De ahí que sea necesario realizar un tratamiento integral y una coordinación de caso que se realiza con las corporaciones locales y otras entidades del tercer sector. Y es que significó que la pobreza energética es una forma más de vulnerabilidad económica.