En las cárceles de la región hay 3.200 presos menos que hace nueve años

Instituciones Penitenciarias justifica esta disminución en primer lugar, en la reducción de las penas de los delitos contra la salud pública cuyas penas llegan actualmente a un máximo de nueve años. Estos delitos se refieren a aquellas conductas que atentan contra la salud de los ciudadanos y de la sociedad e incluye, según el Código Penal, la elaboración de sustancias nocivas para la salud o productos químicos, la expedición de medicamentos, los fraudes alimentarios y, finalmente, los delitos de narcotráfico.

En segundo lugar, aluden a la suspensión de ciertas condenas cortas de privación de libertad por otras relacionadas con trabajos para la comunidad. El objetivo de estas medidas es el de evitar que condenados con poco riesgo de volver a delinquir se puedan ver influidos negativamente por el ambiente de la cárcel, explican.

Esto no garantiza, según los sindicatos de funcionarios, que el ambiente en el cárcel haya mejorado puesto que, según sus datos, sufren una media de una agresión diaria en el desempeño de sus funciones y, al no ser considerados agentes de la autoridad, no tienen a su disposición los medios necesarios para defenderse. Jesús Grego, secretario general adjunto del sindicato Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), denuncia que el único material que tienen a su disposición «son unos guantes de jardinero y un bolígrafo».

Las cifras oficiales difieren de esta cantidad y cuantifican en 37 las agresiones a funcionarios de prisiones en Castilla y León el año pasado. La cárcel de Dueñas es la que lidera el ránking de violencia hacia los trabajadores con un total 17 en todo el 2018, seguido de la cárcel de Topas (Salamanca) que contabilizó cinco.

¿A qué se debe esta diferencia entre unos datos y otros? A que las estadísticas, según los sindicatos, sólo cuantifican las agresiones que han causado un daño físico visible y comprobable, por lo que sitúa a un lado la violencia que no deja marcas, como los empujones o la verbal.

La situación en las cárceles en la actualidad resulta complicada. La plantilla de los funcionarios de prisiones está bastante envejecida, ya que la media de edad en la región se sitúa en los 53 años, algo más baja que la media nacional, que se sitúa en 55 años.

Además, a pesar de que el número de presos se ha reducido en la última década, también lo ha hecho el número de funcionarios de prisiones, ya que hace diez años había tres funcionarios de prisiones por cada 140 reclusos. Hoy en día hay un trabajador por cada 110 presos.

Los sindicatos insisten en que existe un déficit de plazas. Según Grego, «en la región hay las mismas vacantes que había hace 20 meses, lo que supone que hay cerca de 400 plazas sin cubrir», lo que ocasiona que la labor de los funcionarios de prisiones se vuelva más compleja y también más peligrosa.