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Los prisiones de Castilla y León tienen 436 puestos, más del 16% de las plazas previstas en su Relación de Puestos de Trabajo (RPT), sin cubrir, un déficit de personal que se evidencia con una crisis sanitaria en la que faltan «medios básicos», según ... denuncia la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP).
Según la información facilitada a EFE por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en la actualidad trabajan en ellas 2.266 efectivos de los 2.702 que deberían estar desempeñando su labor en base a la RPT.
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De ellos, el penal salmantino de Topas -en el que contrajo matrimonio mientras cumplía condena el exdirigente de ETA 'Santi Potros' y el que se ha convertido en el nuevo hogar de Alfonso Jesús Cabezuelo, el exmilitar de La Manada- se lleva la peor parte con 130 vacantes.
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Y es que los 446 funcionarios con los que cuenta se alejan de los 576 que debería haber en plantilla. Son los mismos que trabajan en la cárcel de Villahierro, en Mansilla de las Mulas (León), donde su RPT contempla un total de 509, es decir, 63 más.
En el resto de prisiones el déficit se sitúa por debajo del medio centenar, y así la de Villanubla, en Valladolid, suma 240 funcionarios cuando debería tener 288 (-48); la de Perogordo, en Segovia, registra 263 de los 309 indicados en su RPT (-46); mientras que la de Burgos se maneja con 201 de los 246 que tiene asignados (-45).
Una falta de personal que, según ha denunciado ACAIP, complica la gestión de la actual crisis sanitaria a consecuencia del coranavirus COVID-19. «La carencia de funcionarios se nota y mucho», ha dejado claro Valentín Gómez, delegado de ACAIP en Burgos, incidiendo en el déficit de sanitarios y, principalmente, de médicos para quienes las cárceles no representan una opción muy atractiva. «Los que hay no dan a basto», según ha apostillado el responsable de ACAIP.
El departamento que dirige Ángel Luis Ortiz prevé un incremento de los recursos humanos con funcionarios de nuevo ingreso en todos y cada uno de los cuerpos de Instituciones Penitenciarias.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) ha solicitado a Instituciones Penitenciarias que se proceda, inmediatamente, a la suspensión de la actividad de los talleres productivos y auxiliares de servicios (cocina, comedor o limpieza) que existen en las cárceles, durante la vigencia de la declaración del Estado de Alarma por el coronavirus.
Estos talleres reciben suministro de material de empresas externas y, en muchos casos, en el proceso productivo intervienen de manera directa personal de esas empresas, agravando así el riesgo de contagio.
Csif recuerda que los profesionales penitenciarios y la población reclusa tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, por lo que, primero, la administración penitenciaria debe adoptar las medidas necesarias para prevenir riesgos para la salud y seguridad y, segundo, se debe observar en todo caso las recomendaciones e instrucciones impartidas en cada caso por las autoridades sanitarias en relación con la prevención de la transmisión del coronavirus Covid-19.
En este sentido, Csif indica que en los referidos talleres entra personal ajeno a la prisión, como monitores de las empresas o conductores de los camiones que transporta el material destinado a la producción, que comparten con el personal penitenciario y los internos espacios cerrados que, en muchos casos, son reducidos e impiden cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias en esta pandemia.
En este sentido, el Ministerio del Interior cubrirá 900 plazas de ayudantes, 97 de enfermeras, 61 de facultativos, 137 de técnicos (97 de promoción libre y 40 de interna) y 81 del cuerpo especial.
Las cifras de Instituciones Penitenciarias ponen de relieve que en las cárceles de la Comunidad la ocupación es del 49,6 por ciento con 3.736 internos. Un porcentaje que se dispara en el caso de los penales de Soria (81,64%, 169 reclusos), Valladolid (58,77%, 422) y Palencia (52,27%, 783).
En el de León, donde hay algunas caras tan conocidas como la de David Oubel, el parricida de Moraña (Pontevedra), el primer sentenciado a prisión permanente revisable tras asesinar a sus hijas con una radial, la ocupación supera el 50 por ciento con 806 internos.
Por su parte, Topas, con 735, roza el 44 por ciento de su capacidad; mientras que Burgos, donde 428 cumplen penas, está al 47,35 por ciento. Segovia, con 306, y Ávila, con 87, arrojan porcentajes del 39% y el 24% respectivamente.
Los funcionarios de prisiones se consideran los grandes olvidados del Ministerio del Interior y denuncian que en el año 2019 estos trabajadores, que no están considerados agentes de la autoridad, sufrieron en las cárceles españolas cerca de 400 agresiones.
Una realidad que se podría agravar con la suspensión de las visitas y los permisos por el coronavirus, una decisión que responde a la necesidad de frenar su avance y preservar la salud de una población tan vulnerable como es la reclusa.
Con fecha 3 de marzo, ACAIP se dirigía mediante escrito motivado al ministro del Interior, en el que se solicitaba que, además de la adquisición de material necesario y suficiente para dotar a los centros penitenciarios, se estableciera un protocolo en diferentes fases y que atendiera todos los supuestos que puedan producirse.
«Aunque no hay ningún foco de contagio en Castilla y León, si hay bastante psicosis porque se espera», ha asegurado Gómez, que ha lamentado la falta de medios para hacer frente a la amenaza del coronavirus.
«Nos faltan mascarillas y equipos de protección individual para evitar que seamos los funcionarios el vehículo de transmisión del virus desde exterior al interior», ha puesto de relieve.
Según ha precisado, evitar que el Covid-19 entre en los penales -con módulos de 70 celdas y más de 100 internos- es clave para que «esto no reviente y termine en motín». Por ello, han llamado a «racionalizar» los recursos humanos ante la realidad que se impone con esta pandemia.
«En lugar de estar todos y echar horas por echar, sería mejor que algunos no vinieran a trabajar porque a lo mejor dentro de 15 días tienen que relevar al resto», ha argumentado
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