Bruselas se compromete con la Junta a poner coto a maniobras como la de Vestas

En concreto, el jefe del Ejecutivo regional planteó a la comisaria que «Europa tiene que reforzar sus respuestas ante este tipo de decisiones empresariales globales». «Si bien es cierto que no se puede abdicar de los principios de la libertad de mercado -admitió-, Europa debe tomar nota de cómo otras potencias ponen trabas y aranceles al comercio internacional, mientras aquí estamos respetando las reglas del libre mercado». Herrera hizo hincapié en la incoherencia que supone aplicar -«estamos orgullosos de ello», puntualizó-, unos estándares «muy exigentes desde el punto de vista social, laboral y medioambiental» que obligan a las compañías aquí radicadas «a comportarse no solo de acuerdo a condicionantes económicos» y, después, permitir la libre circulación de productos fabricados sin unos patrones similares.

«No podemos permitir que algunas multinacionales, para evitar esos estándares de calidad, deslocalicen sus plantas a países con niveles de exigencia mucho más bajos y que luego esos productos vengan a Europa sin nuestros estándares de calidad», manifestó Herrera en declaraciones a la salida de la reunión.

La consejera de Economía y Hacienda dio más detalle acerca de las propuestas de la delegación castellana y leonesa. «En la actualidad existen unos aranceles a las materias primas, por ejemplo al acero, y sería interesante aplicarlos también a los productos de segunda transformación -explicó-. Muchas empresas traen el componente modificado, no la materia prima, de manera que así evitan pagar el arancel.

Para Pilar del Olmo, «esos productos deberían estar calificados de alguna manera para que no entren aquí sin ningún tipo de barrera o arancel», una propuesta cuya viabilidad, según aseguró, la comisaria se ha comprometido a estudiar.

En definitiva, lo que la Junta propone es «una defensa más activa del consumo del producto europeo, ya sea acero, aluminio o zinc» que, sin embargo, «no es una medida proteccionista, sino de fomento de la economía social de España y de Europa». «En Castilla y León ya lo estamos haciendo con cláusulas sociales o, en el caso eólico, con un decreto que obliga a incluir componentes que mejoren las condiciones socioeconómicas», añadió la consejera.

La multinacional danesa Vestas, dedicada a la fabricación de generadores eólicos, vendió en diciembre su fábrica de León a la empresa española Network Steel Resources, del sector del acero, después de que el anuncio de cierre desatara un clamor nacional contra la decisión de despedir a sus 360 trabajadores. Vestas había esperado para la deslocalización a que se cumpliese el plazo de permanencia que se le exigía tras haber recibido subvenciones por valor de 12,5 millones de euro del Gobierno de España y la Junta.

«Hemos trasladado a la comisaria -señaló Herrera- nuestra inquietud por este tipo de crisis industriales en las que se produce una deslocalización de grupos multinacionales que consideran que su rentabilidad económica no es la mejor en España y deciden el traslado de la unidad productiva a otros lugares donde las condiciones no son tan exigentes como en Europa». Este comportamiento, destacó, trae consigo «un daño gravísimo social, en el empleo, para las familias y también para el entorno».

El jefe del gobierno autonómico incidió en la necesidad de que «Europa, con una visión de lo cercano, de lo local, de lo regional, apueste por la industria para no convertirse en un maravilloso parque de recursos naturales o patrimoniales, la 'vieja Europa'». Para Herrera, «apostar por la industria requiere políticas industriales avanzadas». «Hace falta coraje o, si no, veremos cómo se marcha mucha masa industrial con todo su conocimiento».

En este sentido, la representación castellana y leonesa planteó «distintas hipótesis». «Creemos que deben fortalecerse los plazos para evitar que quien haya recibido ayudas públicas tenga facilidad para marcharse. El empleo de calidad y permanente, por ejemplo, debe estar asociado a esos apoyos públicos», manifestó Herrera.

Por otro lado, el presidente y la consejera, a quienes acompañó el viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, aprovecharon la visita para exponerle a Bienkowska la manera que tiene Castilla y León de enfrentarse a crisis como la de Vestas, «con un protocolo que tenemos para hacer frente a este tipo de emergencias que incluye el Diálogo Social, la Fundación Anclaje donde participan los agentes económicos y sociales y también mediante la colaboración entre el Gobierno de la nación y el de la comunidad». «Le ha interesado mucho», afirmaron.