Blanco advierte que el nuevo decreto para el reconocimiento de la discapacidad penalizará la agilidad de Castilla y León en la resolución de expedientes

En el encuentro telemático Blanco advirtió de que esta nueva normativa, de carácter básico, penaliza a Castilla y León, comunidad que destaca por ser una de las más ágiles en la tramitación de este tipo de expedientes, motivo por el que ha emitido un voto de abstención.

La Junta considera que la herramienta de baremación propuesta por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 es «compleja» y su aplicación implica «una demora de tiempo en las valoraciones que realizan los profesionales», sin que estas dificultades se hayan subsanado en el procedimiento de declaración de la discapacidad, que también está sujeto a revisión en la nueva normativa.

En este sentido, según recoge un comunicado del Gobierno regional difundido por Ical, Castilla y León solicitó en reuniones previas con el departamento dirigido por Ione Belarra una mejora de la plataforma informática y la implantación de las denominadas 'pasarelas de reconocimiento' con el objetivo de garantizar la agilidad de estos trámites.

Respecto a la primera demanda, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades entiende que, tras el pilotaje del nuevo sistema informático diseñado por el Ministerio, no queda acreditada una reducción de los plazos de tramitación, mientras que la segunda petición de la Comunidad, relativa a las 'pasarelas de reconocimiento', no ha sido atendida.

Esta herramienta permitiría a la Junta, a través de la Gerencia de Servicios Sociales, realizar un reconocimiento, declaración y calificación automáticos del grado de discapacidad de personas que ya tienen reconocida la dependencia, especialmente, en grado III (grandes dependientes).

Esta fórmula tendría ventajas evidentes para los usuarios –personas vulnerables que no tendrían que someterse a un doble reconocimiento y evitarían esperas innecesarias– y para la administración –que podría optimizar sus recursos y mejorar la eficiencia y la diligencia en la tramitación–.

Otro de los asuntos sometidos a dictamen y votación en la reunión del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales ha sido la programación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) en relación con el objetivo de lucha contra la privación material.

Este mecanismo europeo va a articular en los próximos años la distribución de las ayudas alimentarias a colectivos vulnerables, que hasta ahora se canalizaban a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación –primero vía Plan de Ayuda Alimentaria vinculado a la Política Agraria Común (PAC), y después por medio del Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas (FEAD)–.

Para llevar a cabo ese reparto, y tras analizar distintas opciones, el Ministerio ha propuesto a las autonomías hacerse cargo de la financiación de las ayudas con cargo al presupuesto del FSE+ que le asigne la Unión Europea y delegar en las comunidades la gestión de las ayudas. Así, según el acuerdo adoptado esta mañana, en los primeros meses del próximo año las autonomías y el Ministerio trabajarán de forma conjunta en el seno de la Comisión Delegada de Servicios Sociales para definir las bases generales de esta provisión.

Castilla y León se ha mostrado favorable al planteamiento realizado por el Ministerio, al entender que por esta vía queda garantizada una asignación de fondos para ayudas alimentarias similar a la existente hasta el momento.