La batalla penal por las marcas de Pesquera se libra en Madrid

Según el bodeguero querellante, tanto los integrantes de la sociedad González Vacas SL, con la que tradicionalmente venía trabajando en la gestión y asesoramiento de sus marcas, como la nueva administración de Pesquera, habrían incurrido en un delito contra la propiedad industrial previsto y penado en el artículo 274 del Código Penal, en conexión con el artículo 288 que prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En concreto, se refiere al apartado segundo del artículo 274, en el que se contempla que «será castigado con las penas de seis meses a tres años de prisión quien, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y conocimiento del registro, ofrezca, distribuya o comercialice al por menor, preste servicios o desarrolle actividades que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquél, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado». La pena se extiende a «quien reproduzca o imite un signo distintivo idéntico o confundible con aquél».

Según se refiere en el texto de la querella, la sociedad González Vacas y sus tres integrantes, como agentes de la propiedad industrial, a lo largo de la larga trayectoria de Alejandro Fernández llevaron a cabo el asesoramiento, la asistencia y la representación del viticultor en la obtención de las marcas de sus distintas elaboraciones ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Se les achaca que, de acuerdo con la sociedad de Pesquera, «sin conocimiento ni consentimiento del auténtico y original titular de las marcas, inscribieran distintas marcas con igual denominación y signos, si no idénticos, con un alto grado de semejanza y cuyas variaciones se refieren a elementos accidentales y, por tanto, confundibles con los originales, en claro perjuicio de Fernández y con el fin de comercializar las elaboraciones de las bodegas a partir de ahora«. Cuando Fernández trató de ponerse en contacto con quienes hasta entonces habían sido sus agentes »de toda la vida«, estos se negaron a darle explicación alguna e información sobre las marcas de su propiedad que les había requerido. Después comprobó que había nuevas solicitudes de marcas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas «idénticas a las que tenía registradas, pero a favor de la sociedad querellada, que sin tener autorización, fueron realizadas por los agentes«.

La otra parte querellada es una de las sociedades que conforman el Grupo Pesquera (hoy, Familia Fernández Rivera), la sociedad matriz, Alejandro Fernández Tinto Pesquera SL, que tiene como objeto social la explotación de viñedos, elaboración y venta de vinos y mistelas, así como la organización y explotación de actividades y negocios relacionados con la promoción, estudios y proyectos vinculados. Fernández, de 86 años, es accionista de esta sociedad pero no mayoritario, desde que su todavía esposa (en trámite de separación reactivado desde el pasado mes de marzo) y tres de sus hijas sumaron sus participaciones y, por una diferencia escasa, sumaron la mayoría y desbancaron al fundador de los órganos de administración de las sociedades, arrebatándole el control del negocio. Un volumen de negocio, el de Grupo Pesquera, de 20 millones de euros, «de los cuales, 18 millones», puntualiza el representante de la parte querellante, «corresponden a Tinto Pesquera».

Así que el bodeguero decidió revocar en marzo y octubre de 2018 la cesión que había realizado como titular de las marcas a las diferentes bodegas y, en concreto, a la sociedad querellada después de que le expulsaran de la dirección del grupo «y ante el temor de que el vino que se pueda producir en el futuro no sea de igual calidad que el que lleva produciendo tantos años bajo su dirección y cuya labor le ha otorgado un reconocimiento generalizado entre los consumidores a nivel nacional e internacional».

Según la Oficina de Patentes y Marcas, hay indicios apreciables de plagio en las etiquetas, y algunas de ellas, ya están suspendidas desde el pasado marzo. por su similitud con las originales. José María Mohedano, representante legal de Alejandro Fernández e integrante del bufete Dikei Abogados señala que, en resumen, Familia Fernández Rivera «ni puede utilizar la marca de Pesquera porque la han copiado, ni pueden disponer de la cosecha porque no son titulares de la tarjeta de viticultor de la DO Ribera del Duero, con lo que no tienen ni uva ni marca ni autor, porque Pesquera es un vino de autor, así que tendrán que hacer un vino con otro viñedo. En fin, que no tienen ni el autor, ni la uva ni la marca».

Este periódico trato de recabar la opinión de Lucía Fernández, la directora general de Familia Fernández Rivera, respecto de la querella por las marcas, pero se limitó a descartar que hubiera «un conflicto judicial» con su padre.