Azucarera recortará seis euros el precio de la remolacha la próxima campaña

No obstante, insisten desde Azucarera, habrá un mínimo de producción que se tome como referencia para garantizar que el precio a recibir cubre los costes. «Somos conscientes de que el remolachero está asumiendo un riesgo», reconocía tras el encuentro el consejero delegado de Azucarera, Juan Luis Rivero, por eso insistía en que la multinacional quiere poner en marcha otras medidas incluidas en el nuevo modelo. Asegura que se harían cargo de algunas labores de gestión o del transporte hasta la planta a un precio «rentable» y se mostraba totalmente convencido de que el nuevo sistema de pago no tiene por qué suponer pérdidas para los profesionales del campo.

Hasta ahora, el pago de la remolacha -fijado en 42 euros por tonelada- incluía una cantidad mínima (26 euros) a la que se sumaban las ayudas que la administración concede al cultivo (10 euros) y el resto, procedía de los complementos (6 euros). Esta parte final es la que desaparece.

El motivo que ha llevado a la industria a modificar el modelo radica en la caída del precio del azúcar en el mercado (350 euros por tonelada) y esto ha provocado pérdidas de hasta 40 millones de euros en la divisa azucarera española de British Sugar. Su consejero delegado insistió ante las organizaciones agrarias en que el único motivo que subyace en torno a tan polémica decisión es el de «seguir manteniendo la rentabilidad del cultivo y que siga siendo atractivo» pero los representantes de los agricultores no lo entienden así. De hecho, según Donaciano Dujo, presidente de Asaja en Castilla y León, la medida se traducirá en el abandono del cultivo por parte de los agricultores y se pregunta si la decisión que ha adoptado la empresa no cuestiona lo que se recoge en el Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) en el que se habían fijado los 42 euros por tonelada.

En realidad, no se incumple porque el propio documento ya recogía una cláusula en la que la empresa se podía abstener de respetar este requisito siempre y cuando se encadenaran pérdidas en la industria. «Lo que no contemplábamos es que al final esta situación se fuera a dar», explicaba Rivero, pero el mercado y todo lo que hay a su alrededor -lo que están definiendo como la tormenta perfecta- ha provocado unas pérdidas y caídas en la facturación a nivel europeo, sin precedentes.

Aunque Azucarera entiende el malestar de las organizaciones agrarias, su consejero delegado explicaba ayer que es importante «la labor de comunicar bien el cambio de modelo», una tarea en la que pidió la implicación del sector. Según Rivero, si el precio del azúcar supera los 404 euros por tonelada, el remolachero seguirá cobrando lo mismo que hasta ahora, y si esa cifra se eleva hasta los 575 o 600 euros, el beneficio será mayor del que está percibiendo ahora. Claro, que la cantidad a la que se está pagando el azúcar en estos momentos se sitúa en los 350 euros (agosto de 2018) y ante la pregunta de qué ocurrirá o si se prevé una recuperación, la única respuesta de Rivero es la duda. Alude, no obstante, a los informes de algunos expertos que advierten de que esa cantidad ha tocado fondo y a partir de ahí se tendrá que recuperar. ¿Cuánto tardará? No se sabe. Aún así, Azucarera quiere empezar con esta forma de pago para la próxima campaña.

Mientras, las organizaciones agrarias no ocultaban su malestar por un cambio de modelo que no comparten. «No sabemos si esto se debe a la pérdida del precio del azúcar o a que la industria no se ha sabido adaptar al momento», lamentaba Dujo antes de apuntar que «si Acor, que también ha tenido pérdidas este ejercicio y mantiene los 42 euros por tonelada, ¿por qué Azucarera no lo hace también?» A su juicio es «injusto» y pidió a la empresa que «reconsidere la decisión» y que no pierda de vista que el escenario de las ayudas (al que están ligados 10 euros del precio final) se tambalea ante la actual negociación de la futura PAC y la desaparición de la obligatoriedad de aplicar el Plan de Desarrollo Rural vigente durante cinco años.

Con todo, la situación del sector es de nuevo inquietante y, aunque las organizaciones explicarán a los agricultores las nuevas condiciones de contratación de Azucarera, no creen que la situación mejore. El secretario provincial de UGAL-UPA, Matías Llorente, no ocultaba su enfado antes de abandonar Madrid. «Han guillotinado el sector», apuntaba tras conocer la medida apuntada por la industria que, a su juicio, se había traducido en una «auténtica sorpresa». Advertía que no se había detallado en el orden del día del encuentro y cuando llegaron a él, se encontraron con el papelón.

Por este motivo, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) anunció, a través de un comunicado, que estudia emprender acciones legales contra la empresa AB Azucarera por «dinamitar» el AMI, al entender que recortar seis euros en el precio de la remolacha, «compromete el presente y el futuro de las fábricas y de un cultivo emblemático en Castilla y León». A su juicio, se trata de un «error histórico» cuyas consecuencias «no han sido valoradas» por Azucarera, según apuntaba también Donaciano Dujo.

El consejero delegado de Azucarera en España, Juan Luis Rivero, aseguraba que el nuevo proyecto de transformación de remolacha presentado esta semana en Mérida (Cáceres) no tiene, para él, «ninguna credibilidad». Se trata de unas instalaciones en las que se pretenden molturar 5.400.000 toneladas de remolacha (muchas más de las que se cultivan actualmente en toda Castilla y León) gracias a una inversión de 436 millones de euros a cargo del grupo Al Khaleej Sugar. Cuando esté a pleno rendimiento, dentro de un par de años, el objetivo es obtener 900.000 toneladas de azúcar moreno.

Rivero está convencido de que «no se va a molturar remolacha porque cualquier agrónomo sabe que se tardan varios años en conseguir rendimientos rentables», apuntaba a este periódico, convencido de que, en todo caso, la nueva planta se dedicaría al refinado de azúcar pero no a la molturación de remolacha.

Según el consejero delegado de Azucarera, a su empresa «no le importa competir pero siempre en igualdad de condiciones», comentaba después de advertir que para que se instale la nueva industria en Mérida se ha aplicado «el 95% de las exenciones fiscales en la licencia» y eso, a su juicio, supone un agravio comparativo con respecto al resto del sector.

La empresa firmó el convenio para su instalación con la Junta de Extremadura el pasado lunes.