El Ayuntamiento de Valladolid subastará los pisos que se quedó en el caso de los áticos de Zorrilla

El área de Patrimonio que dirige el concejal Pedro Herrero sacará así en los próximos meses a subasta las cinco viviendas que el Ayuntamiento de Valladolid se vio obligado a quedarse después de que sus ocupantes lo rechazaran al ver cómo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia convertía en 2008 en viviendas lo que ellos habían comprado como oficinas. Son cinco pisos, situados en las plantas cuarta, sexta y octava que fueron a parar al patrimonio municipal en virtud de las sentencias sobre responsabilidad patrimonial por el denominado caso de los áticos del edificio de Caja Duero, el que inhabilitó a Javier León de la Riva para continuar como edil por haber «dilatado» el cumplimiento de la sentencia -poseía además una vivienda en este bloque- y supuso a las arcas municipales un desembolso de 2,7 millones de euros en indemnizaciones. Una resolución judicial que anuló las licencias de obra, primera ocupación y proyecto de ejecución al considerar que modificaba las fachadas protegidas y que aumentaba la superficie edificada en la última planta.

El cumplimiento de la sentencia obligó a llevar a cabo proyectos de restitución de la legalidad y a indemnizar a los propietarios afectados por las obras y cambios de uso. De ahí que cinco de las viviendas -algunas en origen oficinas o locales- fueran a parar al patrimonio municipal, sin que hasta ahora se tomara una decisión sobre su futuro: «Hemos decidido depurar jurídicamente la situación de estos inmuebles para su posterior subasta, pues el Ayuntamiento no tiene interés en llevar a cabo actuaciones sobre ellos», admite el concejal de Planificación y Recursos, Pedro Herrero, que se encarga de la gestión del patrimonio municipal (salvo el vinculado al suelo, que compete a Planeamiento Urbanístico y Vivienda).

La idea es poder tasar las viviendas próximamente para poder enajenarlas entre finales del año 2019 y 2020 y obtener así « unos ingresos extraordinarios de algo que en este momento solo genera gastos», admite el concejal y a su vez portavoz del Grupo municipal Socialista, Pedro Herrero.

En la relación de inmuebles patrimoniales de propiedad municipal que pudieran ser enajenados se encuentran así cinco viviendas de diferentes superficies y, por tanto, precios de salida. La más pequeña es un apartamento de 46,50 metros cuadrados que se encuentra en la octava planta B del edificio de la calle Santiago número 28, donde hubo que demoler parte de las construcciones. Después hay otra vivienda en la sexta planta B con 90,65 metros cuadrados y otra más contigua en la sexta A con 149,45 metros cuadrados, en ambos casos con un derecho proindiviso sobre la otra. Los dos pisos restantes se encuentran situados en la cuarta planta, en concreto en el número 4º A (antiguas oficinas A y B) con una superficie útil de 133,45 metros cuadrados y otra más en el 4º B (antiguas oficinas C y D) con una superficie de 107,90 metros cuadrados. Todas ellas se encuentran en perfecto estado para poder ser ocupadas de forma inmediata una vez que termine la ordenación jurídica.

Cerca de dos millones

El precio de tasación para poder enajenar las viviendas aún no se ha llevado a cabo aunque fuentes inmobiliarias consultadas por este periódico prevén que los ingresos podrían oscilar entre los 1,5 y los dos millones de euros. Así, por ejemplo, la vivienda más pequeña, el apartamento de 46,50 metros cuadrados, con un dormitorio y sin garaje ni trastero podría alcanzar los 165.000 euros en la plaza Zorrilla, a 3.300 euros el metro cuadrado, según estima Gonzalo Jolín, de Aspriva. En el caso de la de mayor superficie, la que se sitúa en la sexta planta con casi 150 metros cuadrados, podría llegar a costar hasta 425.000 euros.

El Ayuntamiento de Valladolid podría de esta forma recuperar parte de los gastos que el caso de los áticos de la Plaza de Zorrilla generaron para las arcas municipales. De tal forma que tuvo que abonar 2.599.845 euros en concepto de indemnizaciones a los propietarios afectados, mientras que después sumó 166.756 euros por los proyectos y tramitaciones que tuvo que pagar para resolver el caso. Por su parte, la constructora que se hizo cargo de la rehabilitación, Edificasa 2000, asumió 853.228 euros de coste por las obras obligadas por la sentencia, entre otras la demolición de los áticos y la redistribución interior de algunas partes del edificio.

Aunque por su céntrica ubicación las cinco viviendas del edificio de Caja Duero sean las más destacadas, la enajenación de patrimonio que el Ayuntamiento quiere poner ahora en marcha afectará a otras casas situadas en municipios del entorno de la capital, así como en otros de la provincia de Burgos que recibió fruto de herencias.

Situación precaria

Son por ejemplo los casos de viviendas que posee en los municipios de Arroyo de la Encomienda, Simancas y Villanueva de Duero (esta última dependiente de VIVA). Todas ellas en una situación precaria, casi en ruinas, que las áreas de Planificación y Recursos y Planeamiento Urbanístico tienen también intención de poner a la venta. «Son viviendas procedentes del realojo que hubo en los años 90 con las familias del ya desaparecido Poblado de la Esperanza. Algunas están en muy mala situación, de hecho la intención es demoler la situada en el municipio de Simancas porque está en un estado de conservación peligroso», admite al respecto Manuel Saravia, concejal de Planeamiento Urbanístico.