97 auxiliares de la Junta que se examinaron en junio siguen sin plaza asignada

¿Hasta cuándo? Desde la Consejería de la Presidencia, que gestiona los recursos humanos de la Junta, justifican esta situación en que deben resolver los recursos que se presentaron al segundo y último examen (celebrado el 17 de junio de 2017) antes de firmar los nombramientos. La Junta abrió dos plazos para presentar estos recursos, el último de ellos, de diez días a partir del 29 de diciembre. Fuentes de la consejería que dirige el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, explican que «no hay plazo»para hacerlo, no se atreven a dar fecha aproximada, pero resaltan que la intención es «resolver cuanto antes».

El proceso selectivo del cuerpo de auxiliares administrativos, que acumulaba la oferta de empleo de 2015 y 2016, generó una enorme expectación tras años sin oposiciones y en los que el aumento del desempleo a causa de la crisis orientó a trabajadores en paro hacia la opción de un empleo público y la estabilidad laboral que supone ser funcionario.

Entre el 23 de junio de 2016, fecha en que echó a andar el proceso selectivo, y el 12 de febrero pasado, día en que el Bocyl publicó la relación de 97 aspirantes que lo superaron, la oposición de auxiliares administrativos ha recorrido un ­camino proceloso. Hasta el punto de que el vicepresidente de la Junta compareció en las Cortes de Castilla y León en ­febrero de 2017 para explicar las razones que le habían llevado a paralizar temporalmente la oposición, al producirse controversia entre lo recogido en las bases de la convocatoria y las instrucciones que el tribunal facilitó sobre cómo iba a elegir las preguntas de reserva (que sustituyen a las que se plantean de forma errónea y se anulan) del primer ejercicio.

De Santiago-Juárez defendió entonces que no había «trampa ni cartón» en una suspensión orientada a resolver los ­recursos y alegaciones presentadas y a «dar garantías a los opositores», al ­avanzar en el ­proceso «sin provocar ­perjuicios difíciles de reparar a los ­interesados». Ese examen teórico, con preguntas sobre los contenidos de 27 temas, tuvo lugar el 10 de diciembre. La oposición estuvo paralizada entre enero y marzo y se suspendió el segundo examen, de resolución de ­supuestos prácticos, seis días antes de la fecha prevista. Esa prueba, a la que ­estaban convocados los 440 aspirantes que habían superado la nota de corte del primer ejercicio, que se situó en el entorno del 7, se celebró en junio.

La Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto recibió «numerosos» recursos sobre esta segunda prueba. En estos momentos tiene más de 70 pendientes de ­resolver, según confirman desde ese departamento. Hubo opositores que se quejaron de que los supuestos planteados «sobrepasaban el nivel exigido a un auxiliar». Otros, del calor que pasaron ­durante la espera en las aulas los del último turno. Y también, y estos son lo de mayor peso, hubo quienes recurrieron por cuestiones concretas de fondo: que en los ejercicios se aplicaron versiones de 'Word' y 'Excel' menos actualizadas que lo marcado en la convocatoria y que el cuadernillo de instrucciones contenía errores. Piden la anulación de un examen del que se publicó la lista de aprobados a finales de octubre.

El Bocyl del 24 de enero incluye la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo y en ella se estiman ya los recursos de dos opositores. Era el paso previo a la publicación definitiva de aprobados y vacantes del 12 de febrero, con el que la Consejería de la ­Presidencia da por «resuelto en plazo» el ­proceso selectivo. Pero los aprobados no se han incorporado aún, al no estar nombrados ni tener asignado uno de los puestos ofertados en las nueve capitales y en municipios urbanos, como Aranda de Duero, pero también en las secciones agrarias de cabeceras de comarca netamente rurales, como las burgalesas de Villarcayo o Belorado; la abulense de Navarredonda de Gredos o Arenas de San Pedro; la zamorana de Tábara; o las sorianas de Arcos de Jalón o San Pedro ­Manrique.

A la espera de la conclusión del proceso, hasta el despacho de Javier Amoedo, Procurador del Común, han empezado a llegar quejas de opositores. Un goteo, confirman desde esa institución. El equipo del Defensor autonómico ha solicitado a la Consejería de la Presidencia información para empezar a investigar esas quejas.