El ausentismo laboral crece en Castilla y León

Ese porcentaje aumentó en todas las comunidades autónomas, aunque las diferencias son acusadas. País Vasco (5,8 por ciento), Galicia (5,5 por ciento) y Asturias y Cantabria (5,1 por ciento, en ambos casos) registraron las mayores tasas. A estas les siguieron por mayor porcentaje Canarias (4,9 por ciento) Murcia (4,7 por ciento); Castilla y León (4,5 por ciento); Navarra (4,3 por ciento); y Extremadura (4,2 por ciento).

Por debajo de la media nacional se situaron Valencia (cuatro por ciento); La Rioja, Cataluña y Andalucía (3,9 por ciento, en los tres casos); Castilla-La Mancha (3,7 por ciento); Aragón (3,4 por ciento); Baleares (3,3 por ciento); y Madrid (3,2 por ciento).

El documento, recogido por Ical, explica que son múltiples los factores que inciden en la IT, como las condiciones de trabajo, la cultura de las empresas y las políticas y prácticas de recursos humanos. Pero también factores externos al trabajo como la situación familiar o el contexto social y cultural. En tercer lugar, también son importantes los factores relacionados con el sistema de salud, la legislación o incluso los procesos judiciales. «La incapacidad temporal responde a una complejidad de factores que exigen un diagnóstico riguroso del problema», trasladan los autores.

El informe también pone de relieve que estas ausencias laborales por incapacidad temporal «repercuten negativamente y de modo directo en los trabajadores que se ven afectados, pero también en las empresas y en el conjunto de la sociedad».

CEOE advierte del «impacto directo sobre la productividad y los costes empresariales, tanto económicos como organizativos» y piden medidas para mejorar la salud de los trabajadores.

Responsables de CEOE en Castilla y León afirmaron que ese aumento en los afectados por Incapacidad Temporal «puede venir relacionado con los actuales recursos en la asistencia primaria» que se traducen en «dilaciones en el tiempo por retrasos en la atención, el diagnóstico y el tratamiento, las listas de espera que se generan y la propia burocracia». «Todo ello hace que los procesos de IT se retrasen lo que determina, consecuentemente, un incremento del absentismo laboral por esta causa», indicaron a Ical.

Los dirigentes patronales trasladaron que esta situación tiene un «impacto directo sobre la productividad y los costes empresariales, tanto económicos como organizativos, lastrando asimismo la competitividad de las empresas».

«Las empresas necesitan tener recursos para poder atender su actividad de tal forma que cuando las personas trabajadoras están en situación de IT faltan esos recursos y, por tanto, las mismas se ven obligadas a llevar a cabo cambios organizativos, técnicos, etc., con la finalidad de intentar mantener, en la medida de lo posible, su actividad perdiendo así productividad y competitividad».

Los empresarios constataron que el absentismo en general les preocupa e igualmente el motivado por la Incapacidad Temporal. En este sentido, explicaron que en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para los años 2023-2025, firmado por CEOE y los sindicatos CCOO y UGT el pasado mes de mayo, instaron a las administraciones competentes a establecer medidas de actuación para mejorar la salud de las personas trabajadoras y lograr reducir la frecuencia y duración de estos procesos; entre otras, tratando de realizar un mejor aprovechamiento de los recursos de la Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. «Entendemos que contribuiría a mejorar los tiempos de espera, la atención sanitaria y la recuperación de la salud, así como a reducir las listas de espera en el sistema público».

El análisis concreta a nivel nacional, que con la tasa del 4,1 por ciento, España, junto a Francia y Portugal, encabeza el ranking de absentismo laboral por incapacidad temporal entre los países de la UE.

El impacto económico que tienen las prestaciones por baja por IT supone, aseguran, un 1,4 por ciento del PIB de España (más de 17.000 millones de euros), según los últimos datos de 2021 procedentes Eurostat. Este porcentaje se sitúa por encima de la media de la UE (1,2 por ciento) y representa un crecimiento de 0,6 puntos respecto a 2014. Unos niveles de absentismo, afirman, «preocupantes y acentuados en los últimos años».