Aumentan los pacientes de Castilla y León que no pueden volver a casa al salir del hospital por falta de recursos

Cada vez son más frecuentes. O, al menos, se detectan más casos de enfermos, generalmente tras una cirugía pero también por otras causas, que después de un alta hospitalaria no pueden, o no deberían, volver a su casa por falta de recursos para atender sus necesidades. En Castilla y León, el 23% de las personas mayores de 65 años y el 34% de los que superan los 85 viven solas, una realidad cuya tendencia va en aumento. En tales circunstancias, carecen de quién las pueda cuidar en su convalecencia.

Pero no ocurre solo con los mayores, aunque sí en mayor número, sino también con pacientes bastantes más jóvenes que se encuentran en similares circunstancias. Carecen de renta suficiente para contratar ayuda y sufren también una situación social que no ampara su recuperación.

Aumenta pues la demanda y ya el año pasado las 114 plazas sociosanitarias de las residencias de la Junta atendieron a 375 personas. Para responder a la creciente necesidad, la Junta aumentará la oferta hasta el 60% durante tres años –al ritmo del 20% anual, que ya ha empezado este 2018–. Durante el ejercicio pasado ya se abrieron diez nuevas plazas en la Residencia Burgos I-Cortes, que registró su primer ingreso el pasado mes de enero. El incremento empezará por los demás centros públicos, de titularidad municipal o de la Diputación, y finalmente en caso necesario por las residencias concertadas.

Es el sistema sanitario, en el hospital, el que valora la necesidad de este servicio y deriva el caso tras el estudio de la situación más social que económica. Una ambulancia traslada al paciente a la residencia, en vez de a su domicilio.

Prolongar la estancia en el hospital –una solución que no es todavía extraña al sistema cuando se conocen las condiciones personales para evitar una mala recuperación o recaídas– no solo resulta mucho más caro para el sistema público, sino inadecuado para el paciente. «El entorno hospitalario no es el idóneo para una convalecencia; las personas, sobre todo las mayores, se demencian más cuando están ingresadas, pierden contacto con la realidad y se pierden más; además es un entorno demasiado sanitario, muy clínico, mientras que el residencial es más apropiado, más cercano, con recursos y actividades más adecuadas», explica el secretario general de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, Jesús Fuertes.

Las ventajas son casi todas. El inconveniente es que, para el paciente el hospital era gratis; aunque retrasar su alta por razones sociales y no sanitarias no parece lo más adecuado. «La asistencia sanitaria sigue siendo gratuita y la atención hospitalaria es un recurso excesivo e incluso perjudicial», defiende Jesús Fuertes. La residencia le cuesta al usuario, no obstante, lo que a cualquier persona, como una estancia temporal porque, efectivamente, el incremento que suponen los gastos sanitarios los sigue asumiendo Sacyl. Así, dependiendo de su renta, tendrá que pagar desde 308,52 euros si tiene una pensión no contributiva (367,9 por catorce pagas) hasta el copago máximo que se corresponde con el 90% del precio público de la plaza, es decir, 1.405,04 euros mensuales, cantidad que se alcanza a partir de una capacidad económica mensual de 1.603,21 euros.

La estancia prevista es de dos meses, pero ampliables a dos más, de uno en uno. El promedio real en este tiempo desde su puesta en marcha es de tres meses.

Las Unidades de Convalecencia Sociosanitaria, que implican por lo tanto a dos consejerías, Familia y Sanidad, son únicas bajo este modelo en España. De hecho, «piden información sobre el sistema de otras comunidades para implantarlo», destaca Fuertes.

Podrán acceder a estas unidades personas con incapacidad funcional severa que dificulte sus actividades básicas de la vida diaria, independientemente de la causa y sin posibilidad de mejora, y que precisen cuidados médicos o de enfermería de mayor intensidad que los prestados en el domicilio. Y también las que padezcan una incapacidad temporal funcional secundaria por procesos neurológicos, traumatológicos, reumatológicos, cardiopatías o neumopatías, con posibilidad de mejora con tratamiento rehabilitador. Y siempre con necesidades sociales.

Durante el tiempo de permanencia en estas unidades, los trabajadores sociales tramitarán el expediente de Dependencia en caso de que se necesite. Todos los centros de la Junta, en todas las provincias, disponen de plazas. Y aunque lo habitual es no cambiar de ciudad al salir del hospital, si fuera pertinente cabría la posibilidad. En estos años, desde 2012 hasta 2017, han ocupado plaza 1.305 usuarios.

La mayor parte de las 375 personas atendidas el año pasado fueron mujeres, el 57,9%, y los usuarios más frecuentes son los mayores de 80 años, el 57,6%. El 42,1% restante fueron hombres.

La relación de personas atendidas por sexo y edad varía a medida que la persona atendida tiene más años. Si bien en las menores de 65 años el mayor porcentaje de enfermos atendidos son varones, la relación se equilibra a partir de esa edad y varía en sentido contrario. El volumen de personas atendidas menores de 65 años es bajo, del 12%.