La ARMH exige a diputaciones, ayuntamientos y Junta la retirada de honores franquistas en Castilla y León

Por este motivo, la ARMH dirigió por registro el pasado 16 de noviembre una reclamación a las diputaciones provinciales de Castilla y León, a las capitales de provincia y al Gobierno de la Junta para que lleven a cabo «la retirada de cualquier honor o distinción a personajes que hicieron carrera en el franquismo».

La Asociación explica en su escrito que «las instituciones democráticas deben ser ejemplares y tajantes en su rechazo a la dictadura franquista y a quienes sin valores democráticos ejercieron el poder como consecuencia del uso de la fuerza y la violencia», de manera que «quienes decidieron aceptar y aprovecharse de la falta de libertades de la dictadura optaron entonces por no hacerse merecedores de reconocimiento alguno en un periodo democrático».

En este sentido, la Ley de Memoria Democrática 20/2022 habla en su artículo 40 de la revisión de honores y distinciones a quienes ocuparon puestos en la dictadura, «pero el rechazo a la falta de libertades, al nombramiento dictatorial de representantes públicos parte del principio de libertad y tolerancia debe ser esencial en una democracia».

Para la ARMH «quienes aceptaron el asesinato de decenas de miles de personas, la vida y muerte en el exilio de medio millón de conciudadanos, la persecución y tortura de miles de disidentes políticos y morales o la condena de millones de mujeres a formas de infraciudadanía no merecen reconocimiento alguno», ya que «sostenerles honores de cualquier tipo es justificar las violaciones de derechos humanos, considerarlas meritorias y confirmar desde las instituciones democráticas que el daño que padecieron sus incontables víctimas era necesario y beneficioso para la sociedad».

Por eso, la Asociación reclamó que las instituciones democráticas lleven a cabo «un inventario de todos y cada uno de los cargos de la dictadura que conserven cualquier tipo de honor y reconocimiento», así como que procedan a celebrar un pleno con carácter extraordinario en el que sean retirados pública y notoriamente y se explique a la sociedad las razones por las cuales esas personas deben ser públicamente repudiadas».