Aprobado el decreto para contratar secretarios municipales interinos que ayudarán a «luchar contra la despoblación»

La Junta de Castilla y León aprobó este jueves un decreto que servirá como herramienta eficaz para ayudar a resolver la escasez de secretarios en los ayuntamientos, a través de bolsas de universitarios que hayan realizado un curso y aprobar un examen sobre los conocimientos adquiridos. El objetivo principal es conseguir mayor agilidad en la cobertura de manera interina de los puestos de habilitado nacional y mayor formación de estos funcionarios, lo cual redundará en una mejor calidad en la prestación de los servicios a la hora de dar un soporte legal y administrativo.

En este sentido, el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, aseguró que esta nueva normativa ayudará a «luchar contra la despoblación» en la Comunidad, ya que la contratación de secretarios interinos redundará en beneficio de las corporaciones locales y de sus vecinos.

Además, el Ejecutivo autonómico pretende reducir la volatilidad en el desempeño del puesto por los funcionarios interinos, logrando así una mayor estabilidad en la prestación del servicio. No en vano, Carnero recordó que la plantilla actual de secretarios de ayuntamientos en la Comunidad asciende a 1.604, de los que el 30 por ciento de los puestos desempeñados está en manos de secretarios interinos, por lo que tienen una gran movilidad. Hasta el punto que precisó es imposible cuantificar los puestos vacantes, ya que es un número que fluctúa cada día. «Aspiramos a mejorar la situación pero somos conscientes que solo con el decreto no valdrá para lograr el objetivo de cubrir todos los puestos de secretario», declaró.

En este sentido, la Junta recordó que desde hace ya varios años se observa una «gran» cantidad de puestos vacantes en la escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, en sus diferentes subescalas, motivado, entre otras causas, por el «creciente» e «imparable» número de jubilaciones de estos funcionarios.

«No habría problema si el Gobierno de España, competente a la hora de organizar estos cuerpos, dotara a los ayuntamientos de suficientes secretarios. La última oferta pública de empleo, dotada con 600 plazas para todo el país, es muy escasa y por eso reivindicamos una mayor oferta», aseveró.

Todo ello deriva que las entidades locales, ante la falta de funcionario de carrera con habilitación nacional, tengan que recurrir a la figura del funcionario interino, por lo que resulta imprescindible la existencia de una regulación para su nombramiento ágil, adaptada a la normativa actual y que proporcione seguridad jurídica tanto a los aspirantes como a las propias entidades locales.

Jesús Julio Carnero significó que la idea del decreto busca agilidad, permanencia y calidad. Agilidad en la cobertura de las plazas de secretario para que los alcaldes y concejales de un pequeño pueblo no se vean «agobiados» y «desbordados» por los temas administrativos. Además, se persigue ganar en la permanencia de los secretarios nombrados interinos en el municipios y, por último, prestar el trabajo con calidad y con las «máximas» garantías.

La redacción del nuevo decreto pretende solucionar algunos problemas como la escasa formación de algunos aspirantes nombrados, debido a que no se exigía la superación de ninguna prueba selectiva para poder ser nombrado en un puesto; la escasa permanencia en el puesto; la falta de agilidad en el funcionamiento de la bolsa de trabajo creada para la subescala de Secretaría Intervención, o la inexistencia de bolsas de trabajo para las subescalas de Secretaría de Entrada y de Intervención Tesorería. Los ayuntamientos serán los encargados del concurso oposición aunque la Junta establecerá una calificación de méritos homogénea para toda la Comunidad.

Con la aprobación del texto, se establecen dos procedimientos, a los que pueden acudir las entidades locales cuando lo necesiten y siempre que sea posible, conforme a la legislación básica del Estado. Por un lado, el proceso selectivo de cada entidad local será un concurso oposición donde el examen, de carácter eliminatorio, tendrá dos partes (una teórica y un supuesto práctico), y los méritos a valorar que se establecen en el decreto son los mismos que se valorarán en las bolsas de trabajo autonómicas, con el objeto de que haya homogeneidad en todos los procesos convocados por todas las entidades locales.

Además, se crearán tres bolsas de trabajo autonómicas provincializadas (una para cada subescala). La bolsa de la subescala de Secretaría de Entrada y la de la subescala de Intervención Tesorería estarán integradas, únicamente, por la relación de aspirantes enviada a la comunidad autónoma por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), formada por aquellas personas que hubieran superado uno o varios exámenes de la última convocatoria de oposiciones.

La bolsa de la subescala de Secretaría Intervención, que es la más importante en Castilla y León ya que el 76 por ciento de sus municipios tiene menos de 500 habitantes, tendrá dos partes. La primera sección estará integrada por la relación de aspirantes enviada por el INAP, formada por las personas que hubieran superado uno o varios exámenes de la oposición; y la segunda sección estará integrada por aquellas personas que, cumpliendo los requisitos, presenten la solicitud con sus méritos y superen un curso de acceso, con un mínimo de cien horas, organizado por el órgano directivo autonómico competente en materia de Administración Local. Para superar el curso de acceso es necesario superar un examen presencial sobre los contenidos del curso.

Carnero destacó que el secretario de un ayuntamiento es una figura «clave» y «determinante», hasta el punto que confesó que «sin este profesional no habría alcalde». Y es que incidió en que el alcalde tiene su profesión por lo que no tiene conocimiento de los temas legales que llegan al Ayuntamiento.

De cara a «alimentar» la bolsa, el consejero aseguró que, lo primero, es dar a conocer la profesión entre los universitarios que estén finalizando sus estudios, por lo que se difundirá entre los alumnos que vayan a finalizar sus grados en los meses de abril y mayo.

Además, la Junta apoyará y reforzará los servicios de asesoramiento a los ayuntamientos que tienen las diputaciones provinciales para ayudar a los secretarios. «El secretario tiene la sensación de soledad en muchos momentos, al tener que certificar algo sencillo como una partida de nacimiento pero también conceder una autorización de unas instalaciones fotovoltaicas o eólicas», explicó. El consejero añadió que la falta de secretarios produce que el ejercicio público y político de las corporaciones locales se vea «entorpecida» e incluso se puede ralentizar la posible llegada de inversiones al pueblo.

Por último, Carnero aseguró que este decreto no afectará al trabajo que desarrollan los secretarios vecinos, que de forma voluntaria, ayudan a los consistorios. También mencionó la labor que prestan los administrativos y los auxiliares en las corporaciones que ayudan a los secretarios. «Cuantas más posibilidades tengamos, mejores soluciones se darán a los vecinos», concluyó.

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