Aprobada la ley de rebajas tributarias con los votos a favor de PP y Vox y la abstención de toda la oposición

En el debate de este texto, PP y Vox no recogieron ninguna de las 52 enmiendas que defendieron Rosa Rubio (PSOE), Ángel Ceña (UPL-Soria Ya), Francisco Igea (Ciudadanos) y Pablo Fernández (Podemos), entre ellas la progresividad fiscal, deflactar el IRPF ante el aumento de la inflación o no eximir a cazadores y pescadores de las tasas. Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, defendió la bajada de impuestos y anunció que no será la última de esta legislatura.

En la presentación del proyecto de ley, Fernández Carriedo manifestó que la Junta ya planteó un conjunto de medidas, como una rebaja impositiva a familias, autónomos y pymes, ante el deterioro económico, que en este momento consideró que se ha agravado. «Somos los primeros en España en aprobar este proyecto de ley» de rebajas tributarias, reseñó.

El consejero subrayó que la reducción del IRPF para todos los contribuyentes en el primer tramo tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2022 y para todo el problema y destacó también las ayudas a la natalidad y la congelación o exención de tasas para impulsar la actividad económica.

Destacó que la reducción del 9,5 al 9 por ciento en el tramo más bajo del IRPF sitúa a Castilla y León como la segunda comunidad con el tipo mínimo más bajo de España y resaltó las ayudas a la natalidad en el medio rural como medida para combatir la despoblación, que incrementa las cuantías deducibles hasta los 1.420 euros por el primer hijo o hija, 2.070 euros por el segundo y los 3.300 euros por el tercero y siguientes. Esto supone un incremento de más de un 40 por ciento con respecto a la deducción general aplicable por nacimiento o adopción.

«Somos la Comunidad con los mejores beneficios fiscales», resumió, pero la socialista Rosa Rubio afirmó que se trata de las mismas medidas propuestas en 2019, cuando no había guerra ni crisis por el aumento de la inflación. «Un corta y pega de hace tres años, una chapuza», anotó, para recordar las sugerencias planteadas por el Consejo Consultivo y CES y defender que sus enmiendas se dirigen a quien más lo necesita.

Rubio, en su turno para exponer las 30 enmiendas vivas de su grupo, afirmó que el principio de progresividad se rompe en Castilla y León «a favor de más ricos», donde se detuvo en que «el señor Mañueco regalo el dinero de los castellanos y leoneses a sus 14.000 amigos ricos» al suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones.

Plantea una bonificación del 100 por cien durante los próximos doce meses de la cuota tributaria en la tasa en materia de transporte por carretera, prestación de servicios veterinarios, por la expedición de títulos y certificados y por la realización de pruebas en el ámbito de las enseñanzas no universitarias.

También, preguntó por el importe exacto de los beneficios fiscales dado que desde las direcciones generales de la Consejería de Carriedo se han dado datos distintos, desde los 30, 35 o 72 millones al año o en tres años. Además, planteó otro bloque de enmiendas para un tratamiento específico para zonas de prioridad demográfica, las que tienen menos de ocho habitantes por kilómetros cuadrados.

«Enmendamos el proyecto porque no son medidas efectivas y tienen una carga ideológica, si votan no a las enmiendas, votarán no a la fiscalidad diferenciada», aseveró la socialista, que recibió la réplica de la popular Leticia García, que habló del «hachazo fiscal» y de la subida del IRPF, que sería la mayor de España. «No ha hablado de su modelo», espetó, sobre el que resumió que es «subir los impuestos a los castellanos y leoneses».

Leticia García aseguró que existe un ahorro de 36 euros al año con la rebaja del IRPF mientras que aseguró que el PSOE propone un aumento del 10 por ciento para rentas de 53.455 euros al año. «¿Qué le han hecho las clases medias?. A lo que unió que los socialistas quieren imponer de nuevo el impuesto de sucesiones y donaciones y subir el de patrimonio. «Esta ley es buena aunque no lo quieran reconocer», remató.

En la misma línea, se expresó Javier Carrera con su critica hacia la subida de impuestos que atribuyó al PSOE siempre que gobierna. «No votamos en contra de Castilla y León, sino del PSOE», replicó el procurador de Vox.

En su dúplica, la socialista antepuso los 36 millones de euros al año a los 300 millones del Gobierno por la deducción de los 0,20 céntimos de los combustibles y advirtió de que van a seguir defendiendo que quien gane 100.000 euros pague más, a la vez que reprochó la falta de diálogo y recordó como en Valencia por unanimidad se han aprobado las medidas planteadas por Ejecutivo socialista.

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea (Grupo Mixto), en 14 enmiendas, manifestó que todas o casi todas las medidas estaban en los presupuestos fallidos por el adelanto electoral y desgranó sus propuestas, destinadas a deflactar un ocho por ciento la escala del IRPF en los tramos más bajos de renta o extender el aumento de las deducciones por nacimiento a toda la Comunidad no solo en el medio rural.

«Como tienen la cara de decir que es una revolución fiscal», se preguntó, para recordar que no se invierten 200 millones del aumento de la recaudación y criticar que se exima de las tasas a cazadores y pescadores, que calificó de «regalos clientelares».

En su turno, Pablo Fernández sostuvo que existe ideología como la de negar la violencia de género, los derechos de los inmigrantes o hacer «política fiscal para privilegiar a los ricos», de lo que acusó tanto a PP como a Vox. Así, defendió una política fiscal progresiva frente a ambos partidos que «profesan el más puro neoliberalismo».

La popular Mercedes Cófreces, ante la propuesta de Cs y Podemos de que no se suprima la tasa de pescadores y cazadores, argumentó que se trata de dos sectores estratégicos para el territorio y señaló que hay medidas para quien peor lo pasa, así como que se trasladó al Gobierno que deflacte el IPRF ante el aumento de la inflación. Precisamente, Javier Carrera (Vox) precisó que son 300 millones los que genera la actividad cinegética.

En la defensa de seis enmiendas, el soriano Ángel Ceña calificó de «inservible» el proyecto de ley porque «existe mucha letra pequeña y poco contenido real», afirmó que contiene «mucho humo», corrigió que Castilla y León sea la segunda con el tramo mínimo más bajo de España y dudó de la progresividad

Ceña afirmó que en la práctica las medidas para luchar contra la perdida de población son «inservibles y no son ambiciosas» y se preguntó si un pescador, como es él mismo, va a dejar estar actividad por el pago de 15 euros al año, cuya tasa exime la ley. «En Soria sabemos que son inservibles», sentenció.

La popular Leticia García incidió en que las seis enmiendas no aportan nada, calificó de «llamativo» que se enmiende la exposición de motivos para indicar que Castilla y León es la cuarta no la segunda con esa rebaja fiscal. «Van a votar en contra cuando están de acuerdo», con las deducciones de impuestos, concluyó.

«Sus enmiendas tienen un contenido más de semántica que de fondo», argumentó Javier Carriera (Vox), que mantuvo que la bonificación por hijo en el medio rural se incrementa en un 40 por ciento no en el cinco por ciento como indicó Ceña, quien defendió que la exención de tasas al transportes se alarguen más de tres meses.