Aprobada la Ley que busca reducir la burocracia administrativa en Castilla y León

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha defendido este texto normativo ante el Pleno de las Cortes, donde ha sostenido que Castilla y León pretende convertirse en un «territorio amable y atractivo para la creación de empresas» como generadoras del empleo.

Sobre las dudas surgidas entre los grupos parlamentarios de la oposición por la disminución de exigencias en los permisos necesarios para abrir un negocio de determinadas características, al sustituirlos por una declaración responsable de actividad, el vicepresidente ha pedido «confianza» hacia el comportamiento de los empresarios, conocedores de sus derechos, pero también de sus obligaciones.

En la votación, han apoyado la ley los grupos parlamentarios del PP, Ciudadanos y el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, mientras que se han abstenido el PSOE, Podemos y el representante de IU-Equo, José Sarrión, tras negarse el Grupo Popular las enmiendas que habían llevado vivas al Pleno de hoy.

Esta ley modifica las leyes del Juego, la de Montes y la de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, a cuyos sectores la Junta pretende ahorrar unos 6,5 millones de euros en «burocracia», en términos utilizados por el vicepresidente de la Junta.

Las estimaciones de la Junta de Castilla y León son que con la aplicación de esta nueva normativa se reducirán a un día algunos plazos administrativos que hasta ahora pueden extenderse durante varios meses.

Los cambios afectarán inicialmente a los restaurantes, las industrias agroalimentarias, explotaciones ganaderas, establecimientos sanitarios sin internamiento e industrias vinculadas a los recursos forestales, que verán reducidos algunos plazos y exigencias a la hora de abrir o poner en marcha nuevas líneas de negocio, como la posibilidad de ubicar una máquina tragaperras en un bar.

En el caso de la modificación de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, el principal cambio radica en que se sustituye la exigencia de una licencia ambiental para abrir un negocio por una simple comunicación, con lo que logra reducirse el plazo de dos meses a un día.

Otros trámites como el establecimiento de horarios, las condiciones de admisión a un local y la ubicación de máquinas tragaperras también se ven beneficiados por estos cambios normativos, que prevén también para el sector del juego unas modificaciones que harán más fácil su implantación.

En concreto, los casinos, bingos, salones de juego y casas de apuestas verán cómo las distancias que deben mantener sus ubicaciones respecto a colegios se iguala a los 300 metros, de lo que principalmente se beneficiarán los bingos, ya que hasta ahora su alejamiento tenía que ser de un kilómetro.

En el momento de presentar el proyecto de ley, en mayo pasado, el consejero recordó que el sector del juego absorbe el 20,3 por ciento del negocio del sector servicios y unas 65.000 personas están ocupadas en unos 22.000 establecimientos vinculados al mismo, con una previsión de ahorro de unos 3,5 millones.

En el caso de la modificación de la Ley de Montes, los cambios incluidos en este proyecto de ley tienen que ver con la reducción del plazo para la emisión de la licencia de aprovechamiento del mes actual a quince día, entre otras simplificaciones que generarán un ahorro para los empresarios de unos 3 millones de euros.

En el debate parlamentario desarrollado hoy, las críticas fundamentales de la oposición han llegado por los perjuicios que pueden surgir en materia ambiental respecto a la Ley de Montes, pero también con la problemática de la ludopatía, que el PSOE y Podemos ha antepuesto a la buena marcha de los empresarios de este sector.