Amnistía Internacional pide que la Ley de Atención Residencial de Castilla y León tenga un enfoque de derechos humanos

El pasado mes de enero, la formación presentó un informe sobre la situación de las residencias de personas mayores durante la pandemia, que recogía algunos de los fallos y situaciones vividas durante la primera ola y que deberían haberse evitado, así como una serie de recomendaciones, a corto, medio y largo plazo, para proteger los derechos de un colectivo especialmente vulnerable.

Ahora, Amnistía Internacional Castilla y León propone nuevas recomendaciones a la hora de elaborar el anteproyecto de ley, que pasan por asegurar que la ley autonómica tenga perspectiva de derechos humanos y de género, en línea con los estándares internacionales, que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas residentes en toda la Comunidad Autónoma; en particular el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida privada y el derecho a la vida familiar.

Además, piden que garantice la representación y participación adecuadas de las personas mayores en el sector de servicios sociales, dependencia, salud y residencias en la planificación y procesos de toma de decisiones relacionadas con asuntos que les afectan; y desarrollar políticas públicas adecuadas para la gestión sanitaria de las residencias, garantizando los derechos de las personas mayores, incluido el derecho humano a la salud, realizando para ello consultas con la sociedad civil, familiares y residentes.

Amnistía Internacional también pide asegurar que las residencias estén facultadas para desarrollar protocolos de visitas que respeten y cumplan con los derechos humanos de las personas mayores residentes y que les dan voz y agencia, a sus familias y/o sus tutores legales, y que se garantice la seguridad de los residentes, visitantes y del personal.

Entre sus propuestas, figura dar cumplimiento de manera efectiva a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y priorizar en la asignación de recursos la inversión en la atención sanitaria (en especial, la Atención Primaria) a personas mayores y personas con discapacidad, reforzando así su capacidad de asistencia, a través de la contratación de más recursos humanos y medios materiales.

Por último, piden revisar el sistema de inspecciones de centros residenciales de personas mayores, para asegurar que la actuación inspectora se lleva a cabo de manera efectiva para velar por el respeto de los derechos de las personas residentes.

«Las medidas adoptadas por las autoridades españolas para responder a la pandemia fueron inadecuadas y vulneraron los derechos de las personas que vivían y viven en residencias; en concreto el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación. Por ello, queda claro que es necesaria, no solo la aprobación de una ley de asistencia en residencias, sino que esta cuente con un enfoque de derechos humanos que garantice que los derechos de estas personas no se van a volver a vulnerar y que no van a ser objeto de discriminación«, sentencian en un comunicado recogido por Ical.