Amilivia propondrá «multas coercitivas» para las entidades locales que no presenten sus cuentas

Amilivia propuso que estas multas se fijen en el anteproyecto de medidas que acompañan a los Presupuestos Generales de la Comunidad o en la futura norma. Así trasladará su iniciativa a los grupos políticos de la próxima Legislatura en las Cortes y al propio Gobierno autonómico para avanzar en la rendición de cuentas, como reclamó el PP y la oposición, pese a que reconocieron los pasos dados.

También indicó que se podría seguir el procedimiento aplicado en la Comunidad de Madrid en la que se establecen multas de 600 a 1.200 euros para el personal o las autoridades responsables. Para ello, Amilivia explicó que se debería modificar la Ley del Consejo de Cuentas, para que como ha propuesto avanzar en la autonomía e independencia de este órgano y acabar con algunas ineficacias.

También Mario Amilivia sugirió la posibilidad de que la Junta tenga en cuenta la rendición de cuentas a la hora de conceder subvenciones y ayudas a las entidades incumplidoras. En este caso, admitió que se castiga a la institución y, por tanto, a los ciudadanos, y no a los responsables. Además, apostó por una labor divulgativa de la institución y fiscalizaciones especiales para los entes reincidentes.

Igualmente, Amilivia apoyó la declaración del Tribunal de Cuentas que considera que antes del 30 de junio del año siguiente todos los entes, con independencia de si pertenecen a las administraciones central, autonómica o local, rindan cuentas y presenten la documentación relativa.

En la última Comisión de Economía y Hacienda, Amilivia presentó los informes anuales sobre las cuentas de las entidades locales de 2016 y sobre el patrimonio inmobiliario de la Diputación de Zamora en 2015.

Sobre el primero, remarcó que 3.640 entidades de 4.754, el 76,6 por ciento, rindieron sus cuentas, mientras que 1.114, el 23 por ciento, no lo hicieron, si bien se experimentó una mejora respecto del año anterior. Si se excluye a las entidades menores, el cumplimiento supera el 80 por ciento, de forma que el grado más elevado lo presentan con el 100 por 100 las diputaciones y el Consejo Comarcal. El último puesto, con un 62 por ciento, fue para las mancomunidades.

También destacó el incremento significativo en la rendición dentro del plazo fijado y valoró el esfuerzo realizado por las entidades locales menores. Además, señaló que solo un pequeño número presentaron sus cuentas de forma completa y correcta, con una media de cuatro incidencias por cuenta. También puso el acento en que un gran número de mancomunidades arrastra hasta diez años sin presentar sus datos.

La socialista Consolación Pablos destacó la «ligera mejoría», pero advirtió de que se han llegado a unos datos que va a ser «difícil» superar si no se adoptan medidas y pidió un tratamiento especial para las incumplidores más reincidentes. Además, destacó el aumento de la despoblación y la concentración de la misma en otros núcleos, lo que a su juicio incide en en un sector público «enorme» que no es capaz de poner soluciones a la pérdida de habitantes en el medio rural.

En nombre de Podemos, Ricardo López subrayó que una de cuatro entidades locales incumplen con su obligación anual y citó ayuntamientos importantes, como el de Burgos o el de Guardo, lo que a su juicio no está vinculado con la ausencia de presupuestos de administraciones superiores. También sobre las mancomunidades, dijo que la rendición está estancada, y exigió que se adopten medidas para estimular el cumplimiento.

El parlamentario de Ciudadanos Manuel Mitadiel destacó que el informe es «esperanzador» pero lamentó que no se haya alcanzado el nivel de 2013 o 2007. El que haya mejorado, dijo, no implica que no haya un problema sobre las entidades locales menores y las mancomunidades. Por ello, pidió que las diputaciones y el Consejo Comarcal deben «hacer toda la tarea» que las juntas vecinales no pueden llevar a cabo. También pidió a la Junta que convoque oposiciones de secretarios e interventores municipales.

El 'popular' Salvador Cruz reconoció que es necesario avanzar sobre la rendición de cuentas en las mancomunidades y las entidades locales menores, tras la «eclosión» de 2013. Rechazó los vínculos con la actuación de la Junta y que ésta tenga responsabilidad sobre las plazas a cubrir las plazas de profesionales municipales. En cualquier caso, remarcó que existe una evolución positiva, con una rendición de cuentas superior al 80 por ciento. También destacó la caída del 13 por ciento en la deuda del sector público local.

Sobre el patrimonio inmobiliario de la Diputación zamorana en 2015, Mario Amilivia destacó que la auditoria determinó que 83 inmuebles, con 19 construidos, por un valor superior a los 36 millones. Aseguró que no consta si fue comprobada y tampoco que se haya hecho inventarios separados de la institución provincial y de la sociedad mercantil.

También señaló que en los expedientes tramitados sobre los inmuebles se han detectado incumplimientos. Por ello, el Consejo hizo una serie de recomendaciones, que según recalcó Amilivia fueron aceptadas en su totalidad, de acuerdo al informe de seguimiento de 2018, en el que la Diputación asegura que rabaja en su puesta en marcha.

Mitadiel también llamó la atención entre las diferencias de datos entre la Diputación y la Dirección General del Catastro y apoyó que se aplique una contabilidad analítica. Además, propuso un programa para sacar un mejor rendimiento al patrimonio. Ricardo López, de Podemos, apuntó que certifica que el patrimonio sí que está actualizado, sin embargo subrayó que faltan datos.

Por su parte, el zamorano José Ignacio Martín Benito aseguró que el informe deja al descubierto las deficiencias de la «mala» gestión del PP en la Diputación de Zamora. A su juicio detecta «más sombras» que «luces» y, por tanto, le da un «tirón de orejas» y le hace una «regañina». «El que calla otorga», dijo y celebró que la institución provincial haya acatado las recomendaciones, tras el «varapalo» sufrido y denunció lo ocurrido con el contrato del comedor del colegio universitario.

Finalmente, Salvador Cruz reconoció que se deben mejorar algunas cuestiones en la Diputación zamorana, como la inscripción registral de sus bienes.