Amilivia plantea adelantar al 1 de agosto la rendición de la cuenta general de la comunidad y elaborar un informe «más resumido»

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, propuso este lunes adelantar del 30 de noviembre al 1 de agosto la fecha de rendición de la cuenta general por parte de la Junta y sus entidades sujetas a fiscalización, mediante una reforma de la Ley de Hacienda de la comunidad. Además, planteó simplificar estas auditorías para poderlas aprobar en los seis meses siguientes, aunque con el compromiso de completarlas con estudios más específicos.

En su comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar las fiscalizaciones de la Cuenta General de la Comunidad correspondientes a los años 2019 y 2020, Mario Amilivia destacó que «Castilla y León es pionera» en presentar todo en una «única» cuenta y de forma «consolidada», por lo que restó importancia a las «limitaciones» detectadas en la fiscalización.

En ese sentido, Amilivia planteó acortar el plazo de rendición de cuentas de la Comunidad, fijado ahora en el 30 de noviembre, para que sea como máximo el 1 de agosto, en línea con el 30 de junio del Estado o el mes de julio de otras autonomías. Recordó que estos periodos se fijaron hace 20 años «cuando los sistemas nada tienen que ver con los que existen actualmente».

Además, como «reflexión», defendió la posibilidad de elaborar un informe de la cuenta general «más resumido» para que se centre en su alcance legal y complementarlo con otros específicos de carácter legal o económico financiero, como los referidos a la deuda o la Gerencia Regional de Salud, como se está haciendo ya. Eso, destacó, le permitiría al Consejo tenerlo listo en los seis meses siguientes a la rendición de cuentas.

En sus recomendaciones sobre la cuenta general de 2019 y 2020, el Consejo de Cuentas plantea mejorar el método de elaboración de los estados financieros consolidados para evitar errores en epígrafes y diseñar un modelo de revalorización del inmovilizado material según lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública de Castilla y León.

Amilivia explicó que en 2020 el presupuesto definitivo de gastos se incrementó en 1.461 millones, hasta los 12.661 millones, destinándose casi una cuarta parte al refuerzo de la sanidad para afrontar la pandemia del COVID-19. Además, aseguró que la deuda pública proviene de la prestación de los servicios públicos y señaló que su aumento es «sostenible», si bien remarcó que el modelo de financiación autonómica es «claramente insuficiente» para la Comunidad, porque no cree que pueda dar un paso atrás en relación con la política sanitaria, educativa o de los servicios sociales.

Además, reseñó que en los próximos cinco ejercicios el conjunto de las entidades sujetas a contabilidad pública tendrá que hacer frente a la amortización del 51,21 por ciento del importe de su deuda, es decir, 6.340 millones de euros, y en diez años tendrá que asumir el vencimiento del 90,16 por ciento del saldo de deuda viva, siguiendo similares porcentajes la Administración General, pues representa el 97,45 por ciento de la deuda total con entidades de crédito a largo plazo.

La 'popular' Rosa Ayuso Esteban destacó la «buena» gestión de la Comunidad porque aseguró se maximizan los «pocos» recursos con que cuenta y urgió la reforma del modelo de financiación. Por ello, pidió no hacer «ningún mitin» y criticó que que algunos se rasgaran las vestiduras por el endeudamiento de la Comunidad en 2019 y 2020, pero señaló que la Comunidad es una de las que antes recuperó su PIB anterior y una de las que tiene menos deuda de toda España.

La socialista Rosa Rubio destacó la llegada de fondos del Gobierno de España en 2020, año en el que señaló la Comunidad supo lo que era cerrar sus cuentas con superávit, después de que denunciara que en 2019 se incumpliera la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, lo que a su juicio indica que se tomaron unas «malas decisiones». Además, cuestionó la tabla de amortización de la deuda y criticó que Vox pida acabar con los impuestos y el endeudamiento, un «sinsentido», y auguró que han llegado para «destruir» y terminarán «destruidos».

Desde Vox, Javier Teira, abogó por asumir las recomendaciones por la «buena marcha» de la Administración y puso el acento en las recomendaciones dirigidas a la Intervención General. Además, su compañero de grupo Francisco Javier Carrera Noriega destacó que se presenten unas «cuantas limitaciones», «significativas» en 2020, y criticó a Ciudadanos por las cuentas de Sacyl: «curiosa la manera de entender la transparencia». También censuró la contabilidad «offshore» de algunos centros directivos y denunció que cada ciudadano tenía en 2020 una deuda de 5.426,5 euros, un 433,36 por ciento más que 12 años años. «¿Alguien puede pensar que no es importante reducir la carga de gasto público?», dijo.

En nombre de UPL-Soria YA, el 'leonesista' José Ramón García aseguró que los dos informes reflejan la forma de «manipular» el presupuesto y pidió a la Junta que aplique el «equilibrio» en el reparto entre las comunidades de los fondos entre las dos regiones, la leonesa y la castellana. También destacó que se pida «prestar especial atención» a los controles avales vencidos cuyos beneficiarios se encuentran en concurso de acreedores, por lo que instó al Ejecutivo autonómico a tomar nota de las recomendaciones.

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