Amilivia ve «muy mejorable» el cumplimiento de la remisión de información contractual por parte de entidades locales

El Consejo ha alcanzado los 200 informes aprobados, en este mandato ha expuesto ya 44 ante la Comisión, aunque los efectos de la pandemia pueden alterar algunas de las conclusiones recogidas en ellos, según ha precisado Amilivia.

Pese a esta excepcional coyuntura, afirmó que la institución está en condiciones de concluir el ejercicio con un número significativo de informes aprobados, en torno a 15. Actualmente tramita en distintas fases 29 trabajos correspondientes a los planes anuales de fiscalizaciones de 2019 y 2020.

La auditoría sobre la contratación realizada en las entidades locales comprende los expedientes formalizados en los ejercicios 2016 y 2017, es decir, en el ámbito legislativo anterior a la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Se trata, en primer término, de comprobar el cumplimiento por parte de las 4.952 entidades locales de la Comunidad de la obligación de remitir anualmente al Consejo, en los dos primeros meses de cada ejercicio, una relación de todos los contratos formalizados durante el año anterior, excepto la contratación menor.

En segundo lugar, la auditoría atiende la observancia de la legalidad en la gestión de dicha contratación sobre una selección de 45 expedientes correspondientes a una muestra de 19 ayuntamientos con más de 5.000 habitantes, sumando el importe que representa dicha selección 30 millones de euros. El Consejo emitió 23 conclusiones y 4 recomendaciones.

En cuanto a la obligación de comunicación de los contratos y envío de documentación, al cierre de 2018 la información del ejercicio 2016 la enviaron 3.748 entidades, el 76 por ciento del total. La relativa a 2017 la remitieron 3.558, el 72% del total.

Del ejercicio 2016 solo 362 remitieron una relación de contratos, el siete por ciento, y 3.386 una certificación negativa. De 2017 enviaron una relación de contratos 378 entidades, el ocho por ciento del total, y 3.180 una certificación negativa. Del ejercicio 2016 el 43 por ciento de las entidades que remitieron información lo hicieron en plazo, y del 2017, el 48 por ciento.

Entrellos ayuntamientos que no habían enviado la documentación preceptiva de uno o de ambos ejercicios figuran cinco capitales de provincia: Valladolid, Burgos, Salamanca, Palencia y Soria.

En relación a la documentación de los contratos que debe ser enviada al Consejo dentro los 3 meses siguientes a su formalización, hasta el 31 de diciembre de 2018 se habían remitido 26 contratos correspondientes a 2016, por importe de 30 millones, relativos a 9 entidades, representando el 24 por ciento del total.

Respecto a 2017 se remitió documentación sobre 31 contratos que sumaban 58 millones y que correspondían a 13 entidades, el 33 por ciento del total.

En cuanto a la observancia de los requisitos legales más significativos, no se ha observado ninguna posible responsabilidad contable, si bien Mario Amilivia subrayó como recomendaciones que las entidades integrantes del sector público local cumplan con la obligación de remisión de las relaciones certificadas comprensivas de los contratos formalizados, así como del documento de formalización y del extracto del expediente de los contratos indicados en la normativa vigente.

Además, los órganos de contratación deberán velar por la inclusión en todos los expedientes de la justificación de la necesidad del contrato, de la elección de los criterios de adjudicación y de los medios utilizados para determinar la correcta estimación del importe del contrato.

Los órganos de contratación deben cuidar la redacción de los pliegos, en especial en lo referente a la correcta determinación de los medios para la acreditación por los licitadores de la solvencia económico-financiera y técnica y profesional exigida; la elección de la fórmula de valoración de la oferta económica y de otros criterios evaluables de forma automática, y reforzar la objetividad de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor, estableciendo en los pliegos, detalladamente, todos los baremos que serán tenidos en cuenta.

Sobre la obligación legal de remisión de la información contractual, Amiliva ha reiterado la preocupación por unos porcentajes de respuesta que admiten «mucho margen de mejora».

En la línea de fortalecer el papel del Consejo de Cuentas como referente autonómico para una mejor gestión de los recursos públicos, anunció que está previsto suscribir un convenio de colaboración con el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCCyL).

En cuanto al informe de fiscalizacion del Ayuntamiento de Valladolid, el Consistorio cumplió con los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera en la liquidación presupuestaria de 2016.

Obtuvo un superávit de 28 millones de euros, que fue aplicado a los fines previstos en la normativa aplicable a lo largo de los ejercicios 2017 y 2018, quedando un saldo pendiente de aplicar a dicho superávit de 5,7 millones, que debe ser destinado a la cancelación de endeudamiento. En cuanto a la regla de gasto, resultó inferior el gasto computable, cifrado en 217,2 millones, al límite de dicha regla, situado en 217,5.

En relación a sociedades dependientes, solo el Consorcio Institución Ferial de Castilla y León presentó resultados negativos en 2016, situación que logró revertir en el siguiente ejercicio. El remanente de tesorería para gastos generales fue positivo, alcanzando los 41 millones.

Una parte considerable se utilizó en 2017 para financiar modificaciones de créditos, destacando las destinadas a inversiones financieramente sostenibles vinculadas al superávit presupuestario de 2016, que sumaban 16 millones.

Se cumplió asimismo con el límite de deuda o principio de sostenibilidad de la deuda financiera en la liquidación de 2016, situándose los niveles de endeudamiento financiero registrados en el periodo 2015-2018 muy por debajo del límite máximo del 110 por ciento establecido en la normativa. Así, en la liquidación presupuestaria de 2016 se situó en un 43 por ciento. El periodo medio de pago mensual varía de un mes a otro, situándose entre los 0,41 y 23,54 días.

Se han producido incumplimientos de determinados preceptos y requisitos en las distintas fases del procedimiento de concesión de subvenciones de forma directa y en régimen de concurrencia competitiva.

Amilivia ha recomendado que los informes de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda incluyan a todos los entes del sector de las administraciones públicas y también que se refieran a la situación de todas las entidades dependientes.

También recomendó el Consejo la implantación de un sistema de contabilidad analítica que dotaría de fiabilidad a la información sobre el coste de los servicios, al hilo de lo cual apuntó la conveniencia de atender los compromisos de inversión que justificaron, entre otras razones, la remunicipalización de la gestión del agua, esto es, alcanzar los adecuados niveles de calidad, eficacia y eficiencia.