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Juanma de Saá / ical
Zamora
Viernes, 28 de julio 2017, 17:37
El presidente del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, Mario Amilivia, destacó este viernes que dicho órgano «resuelva en, aproximadamente, 30 días» y consideró «exitosa» la «tutela extrajudicial» que ofrece. «Estos tribunales, en plazos muy cortos, de apenas un mes, ... resuelven un recurso, tutelan la contratación del sector público, corrigiendo patologías, advirtiendo de los vicios e irregularidades, velando por la libre competencia e identificando, en su caso, las ofertas económicamente más ventajosas», enumeró.
Mario Amilivia hizo estas declaraciones después de reunirse en el Consejo Consultivo de Castilla y León con la presidenta del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía, María José Santiago, quien también es la máxima responsable de su consejo consultivo autonómico. «Acercamos posturas con carácter institucional y de manera permanente para tener una doctrina común, generar certeza y certidumbre a las adminsitraciones y estas reuniones son de una gran improtancia porque producen una doctrina jurídica que es conocida y que depura la contratación pública», rubricó.
«Llevamos cinco años con el Tribunal a coste cero. Hemos hecho unos 470 recursos en este tiempo con una cuantía de contratos de 3.400 millones de euros, aproximadamente, y los objetivos se están alcanzando claramente en el ámbito de lo que se persiguió en sun día para aprobar las directivas de la Unión Europea», añadió.
La nueva Ley de Contratos del Sector Público, aprobada ayer por el Congreso, centró también el interés del encuentro entre los máximos responsables de ambos órganos ya que se trata de un proyecto «largamente esperado» por el que se transponen dos directivas europeas de contratación.
«Asistimos ahora a la aprobación de una Ley de Contratos de la administración pública, que este jueves fue objeto de dictamen por el Congreso de los Diputados para pasar al Senado. Ha sido aprobado sin ningún voto en contra y parece razonable que sea el texto que finalmente se apruebe», indicó. «Ahí tendremos nuestras opiniones, se mantiene el sistema, un recurso potestativo y gratuito, se rebaja el umbral económico y se modificarán aspectos como los rescates de las concesiones, por ejemplo», anotó.
En este contexto, Amilivia incidió en el «interés» del debate porque «el sistema está siendo de éxito y esta garantizando generar transparencia en algo tan sensible para los ciudadanos en todos los momentos y, quizá en este, más que nunca».
Igualmente, subrayó que tribunales independientes como el de Castilla y León y el de Andalucía, «con una actividad creciente» están «potenciando la tutela restitutoria de candidatos y licitadores, singularmente en el caso del recurso especial, que ha pasado a ser un medio muy eficaz para la fiscalización previa de la contratación administrativa».
Por su parte, la presidenta del TARC de Andalucía, calificó de «básicas y muy importantes» las reuniones de coordinación ante la similitud de los servicios que prestan en ambas comunidades autónomas. «El rodaje de estos tribunales ha consolidado una doctrina importante para los gestores y licitadores, no solo desde el punto de vista de la Administración, sino también de la empresa», afirmó. «Los servicios que se prestan en Andalucía son los mismos que en Castilla y León. Tenemos recursos similares y el TARCCyL tiene una andadura similar y ha venido funcionando con seriedad y rapidez», agregó.
Además, María José Santiago insistió en que la «seriedad y la rapidez» son características que «necesita la contratación pública en una época en la que se habla de corrupción política y conflicto de intereses» y concluyó: «Este tipo de tribunales son un filtro de control y depuración de las malas prácticas en la contratación que se puedan dar en este ámbito».
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