La guerra judicial por el control de las marcas del Grupo Pesquera (hoy, Familia Fernández Rivera) se librará también a partir de ahora en la vía mercantil, después de que el juzgado de instrucción de Madrid, donde Alejandro Fernández, de 86 años, había interpuesto una ... querella contra la actual cúpula de la sociedad (su mujer y tres de sus hijas) y los asesores de las marcas, haya archivado el asunto al entender que no existe dolo penal. Los abogados de Fernández, que resaltan que el archivo «obedece a que la otra parte ha desistido de registrar algunas de estas marcas cuando lo hemos llevado a los tribunales», han presentado una demanda en un juzgado de lo mercantil madrileño en la que piden que se impida la utilización de las etiquetas a la sociedad Tinto Pesquera. «Al haber apartado a don Alejandro Fernández como administrador de la sociedad, donde principalmente se ocupaba de la elaboración, control de calidad, añadas y reservas de vinos, se ofrecerá al consumidor un vino de distinta calidad (...) con lo cual el consumidor también resultaría defraudado y el prestigio de las marcas, perjudicado». Pide al juez que se prohíba el uso de las marcas registradas por la sociedad «de forma ilegítima», para que el vino que Alejandro Fernández continúe poniendo en el mercado «no se vea confundido con aquéllas y un vino de distinta calidad».
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En la demanda se sostiene que se ha producido «un fraude económico y personal por parte de su familia a través de la sociedad mercantil demandada» desde 2018, cuando el juego de mayorías de participaciones, desbancó al bodeguero de los cargos ejecutivos del la sociedad matriz que él mismo creó en los años noventa del pasado siglo. Fernández solicita que se le indemnice con el 1% de la cifra de negocios realizada por la sociedad y medio millón de euros por los daños morales.
Por otro lado, el bodeguero ha realizado un requerimiento notarial para que se convoque una junta general extraordinaria de socios de Alejandro Fernández Tinto Pesquera SL en la que, como único punto en el orden del día se aborde «el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los nuevos administradores del ejercicio 2018 y el resarcimiento a la sociedad del daño patrimonial producido», que calculan en, al menos, tres millones de euros.
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