Los alcaldes de Castilla y León piden fondos y un trato fiscal favorable para fijar vecinos en los pueblos

Antes de ese momento, los nueve participantes en el debate (uno por provincia, de municipios de diferente tamaño y de distintas formaciones políticas) habían coincidido en reclamar una financiación suficiente para prestar a los vecinos servicios de calidad, un trato menos burocrático por parte del resto de las administraciones (diputaciones, Junta y Gobierno central) y apoyos para promover proyectos de inversión que fijen población, con un tatamiento fiscal favorable al medio rural.

Silvia Clemente, presidenta de las Cortes, alabó «la labor altruista, sin remuneración en la inmensa mayoría de los casos, que sitúa a los alcaldes y concejales en el puesto más alto del podio del servicio público en el sentido más sincero de entrega». El acto fue un«homenaje» al tejido político y administrativo «más cercano al ciudadano» en el programa de conmemoración del 35 aniversario del Estatuto de Autonomía y el 40 de la Constitución y de las primeras elecciones para constituir los ayuntamientos democráticos, que se celebraron el 3 de abril de 1979.

Los participantes, en algunos casos con matices, coincidieron en poner nombre al problema vertebral al que se enfrenta el medio rural de Castilla y León: la despoblación. «Resulta frustrante ver cómo se cierran casas en el pueblo», subrayó Juan de Santo (Alternativa Muñoveros), teniente de alcalde de Muñoveros, municipio segoviano de 160 vecinos.

«Estamos de servicio las 24 horas durante los 365 días del año para dar respuestas a los vecinos a veces sin medios suficientes», apuntó Eduardo Morán, alcalde de Camponaraya. Y para responder de competencias suyas y otras de otras administraciones, las impropias. Ana Belén González, alcaldesa de Villaralbo (IU), explicó que en esa localidad zamorana siete de los doce empleados municipales se ocupan de competencias «impropias» que deberían prestar la Junta o la Diputación. «En algunos casos financian una parte que no todo», apuntó.

Más financiación, menos burocracia, una legislación más adecuada al tamaño de cada municipio, servicios públicos de calidad, conectividad a la velocidad y con las tarifas de las ciudades y una fiscalidad que discrimine positivamente a los «guardianes del territorio» que viven en los pueblos son las demandas que plantearon tanto los participantes en el debate, como los integrantes del público que cogieron el micrófono después. Lo hicieron desde la experiencia diaria de estar tras la puerta a la que «primero llaman los ciudadanos cuando tienen un problema y que no entienden de quien es competente o no para solucionarlo. Hay que darles respuesta», apuntó Lidia Arribas (Cs), alcaldesa de Caleruega. Y con el convencimiento de que «la autonomía municipal sin financiación es una quimera», según expresó, a modo de sentencia, la regidora de Villaralbo.