Las administraciones ya emplean a más temporales que la empresa privada y triplican su tasa de interinidad en Castilla y León

Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), del primer trimestre del año, resultan concluyentes, ya que de los asalariados del sector público en Castilla y León, 211.000, un total de 69.200 contaba con un contrato temporal, lo que supone una tasa del 32,8 por ciento. Por el contrario, en el sector privado, de los 603.800 empleados, los temporales sumaron 66.800, que supone un porcentaje histórico del 11,1 por ciento. Es decir, la tasa de temporalidad en las administraciones públicas en el primer trimestre de este año en la Comunidad, casi multiplicó por tres a la del sector privado. Y además, los trabajadores temporales del sector público superaron a los asalariados precarios de la empresa privada, con 2.400 más.

Pero es que esos datos recogidos del Instituto Nacional de Estadística (INE) por Ical, revelan que ambas tasas de temporalidad, la de los sectores público y privado, caminaron en sentido opuesto, pese a la regulación impulsada desde el Ejecutivo para reducir la interinidad en las administraciones, a través de una normativa que vio la luz en 2021, para consolidar las plazas de los trabajadores temporales, con el horizonte puesto en el 31 de diciembre de 2024; tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2020 frente al «abuso» en la contratación temporal de las administraciones públicas en el Estado español.

En concreto, la tasa de temporalidad pública se elevó medio puntos en la Comunidad, desde el 32,3 por ciento del primer trimestre de 2022 al 32,8 por ciento en 2023; mientras que la privada, con la aprobación de la reforma laboral, que entró en vigor de forma efectiva en abril del año pasado, bajó 9,1 puntos y pasó del 20,2 por ciento al 11,1 por ciento, respectivamente.

Sexos

Por sexos, la tasa de temporalidad de los asalariados varones de las administraciones públicas (89.900), se situó en el 28 por ciento, frente al 9,5 por ciento en el sector privado. La interinidad pública de los empleados aumentó respecto a 2022, en 0,7 puntos, frente a una bajada en el caso de la empresa privada en nueve.

En el caso de las mujeres en el sector público (121.100), las temporales alcanzaron una tasa del 36,3; frente al 12,9 por ciento en el sector privado. El ratio de temporalidad para el colectivo femenino en las administraciones públicas subió 1,2 puntos respecto a 2022, mientras que en las empresas privadas, mermó en 9,2 puntos.

Datos anuales

Más allá de los datos de un trimestre, la tendencia de los datos anuales de 2022, corroboran también esta situación, ya que teniendo en cuenta la media de los cuatro trimestres del ejercicio anterior, de los asalariados del sector público en Castilla y León, 214.300, un total de 71.100 contó con un contrato temporal, lo que supone una tasa del 33,2 por ciento. Por el contrario, en el sector privado, de los 609.400 empleados, los temporales medios a lo largo del ejercicio sumaron 99.900, que supone un porcentaje del 16,4 por ciento. Es decir, la tasa media anual de temporalidad en las administraciones públicas en 2022 en la Comunidad, multiplicó por más de dos la del sector privado. La tasa de temporalidad pública se elevó 2,5 puntos en la Comunidad, desde el 30,7 por ciento de 2021 al 33,2 por ciento en 2022; mientras que la privada descendió 4,8 puntos y pasó del 21,2 por ciento al 16,4 por ciento, respectivamente.

Críticas sindicales

El secretario regional de Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT en la Comunidad, Tomás Pérez Ureña, y el secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Comunicación en CSIF Castilla y León, Rodrigo Molledo, coincidieron en que las medidas de choque frente a la temporalidad en las administraciones son un «parche» y apelan a sacar convocatorias todos los años si se quiere frenar el problema, ante el enorme envejecimiento de las platillas.

Asimismo, comentaron los problemas que tienen las entidades locales para acometer el proceso de estabilización por sus limitados recursos y cargaron contra una clase política que no quiere funcionarios «libres» para garantizar su independencia frente al «clientelismo».

Tomás Pérez Ureña consideró «muy positivo» que el Gobierno sacase las medidas de emergencia para rebajar la temporalidad en las administraciones, y precisó que todas «salvo algunos ayuntamiento» han cumplido sacando las convocatoria, aunque ahora deben empezar a poner fechas a los exámenes y cubrir las plazas. «La situación era insostenible con ayuntamientos que alcanzaban tasas de interinidad del 70 por ciento», dijo.

Con todo, consideró las medidas «un parche» y acusó a los poderes políticos en España de apostar por la interinidad de los empleados públicos, para que «tengan miedo a perder el puesto y hagan lo que quieren». «No quieren funcionarios libres frente a los poderes políticos».

El dirigente sindical aseguró a Ical, que el problema «no se habrá solucionado en 2024», la fecha horizonte de las medidas de emergencia del Gobierno, y sentenció que la única vía es que se convoquen oposiciones todos los años, donde se saquen las plazas vacantes y las de nueva creación. Además, advirtió de que el proceso iniciado generará «conflictividad» y se mostró convencido de que «acabará en el Tribunal Constitucional», porque «nadie ha salido contento», al establecer diferentes procesos, con un corte a los contratados antes de 2016 que tiene «ventajas».

35 horas, un hándicap

Rodrigo Molledo explicó que los procesos de estabilización del Gobierno «ponen negro sobre blanco» una situación que llevan denunciando «desde hace muchos años», que es la cantidad de interinos que hay en las administraciones, «todo generado porque los ejecutivos, los políticos, se han negado de forma constante a sacar las ofertas de empleo público anuales que la ley les obliga a sacar». En este sentido, razonó que el empleo público que siempre debe ser «un baluarte de estabilidad en el empleo y garantía de su independencia frente al clientelismo». «La temporalidad atenta contra el principio de imparcialidad», dijo a Ical.

Molledo afirmó también que las medidas de emergencia «no dejan de ser un parche» que habrá que analizar «si es útil» y vaticinó que «no se va a cumplir» el objetivo del ocho por ciento, porque muchos de los que estabilizarán su plaza se jubilarán en breve porque «llevan toda su vida trabajando» como interinos. Advirtió asimismo que en el ámbito local, están teniendo muchos problemas, porque tiene escasos recursos frente a procesos de estabilización «complejos».

Asimismo, puso de relieve que en Castilla y León, se suma la implantación de la jornada de 35 horas semanales, que requerirá de un aumento de las plantillas, y «no queremos que sea la excusa para retroceder en la consolidación».

En este contexto, incidió en que si se alcanzan los objetivos en 2024, todas las administraciones deberán adoptar la cadencia anual en sus convocatorias de empleo, porque con el envejecimiento actual de las plantillas, sino se adoptan oposiciones anuales, «en cinco años se volverá a la misma situación actual».