«La adecuada dotación judicial sigue siendo la cuenta pendiente de la democracia»

Para los responsables de los órganos de gobierno de los jueces españoles, la crítica de las actuaciones judiciales es «legítima y positiva en una sociedad democrática», pero pide a los cargos públicos que la ejerzan «con respeto y ponderación porque la descalificación general, a la que en ocasiones se añade el propósito de desprestigiar a los jueces, deslegitima al Poder Judicial y afecta a la confianza que los ciudadanos tienen en sus tribunales y en el conjunto del sistema democrático. Consideramos esencial que quienes representan a los poderes públicos actúen con lealtad, favoreciendo la credibilidad en el Poder Judicial y en el resto de las instituciones».

En su escrito de conclusiones, los magistrados se detienen también en la protección judicial de los derechos de los consumidores reconocidos por el ordenamiento de la Unión Europea que, a su entender, «se encuentra sumida en una crisis de eficacia por las dificultades en la gestión de los procesos en la jurisdicción civil, sustanciados en forma de litigios-masa. Este fenómeno, que puede potencialmente producirse en cualquier jurisdicción, debe ser solucionado con medidas legislativas específicas».