Acuerdo casi unánime para asumir la gestión del Ingreso Mínimo y choque en el reparto del fondo del COVID-19

La proposición del Grupo Popular recibió el respaldo del Socialista, Ciudadanos, Podemos, UPL y otros, frente al rechazo de Vox para que la Junta asuma toda la tramitación del procedimiento de concesión del Ingreso Mínimo Vital incluida la resolución de dicho procedimiento.

A este texto se añadió la demanda de la socialista Nuria Rubio para que los fondos que se ahorren con esta nueva prestación estatal en relación a la Renta Garantizada de Ciudadanía, que concede la Comunidad, se dediquen de forma exclusiva a los servicios sociales. También, se planteó la mejora de Ciudadanos para que el Gobierno contemple entre sus beneficiarios a los demandantes de asilo y protección.

Sin embargo, el PP agregó en el transcurso del pleno un segundo punto, que se votó por separado, para requerir al Gobierno que rectifique la supresión del fondo de 1.000 millones para la atención y los servicios sociales, con el fin de paliar los efectos de la pandemia en los grupos vulnerables, lo que según cálculos de la Junta supondría, al menos, 58 millones. Su demanda fue secundada por Ciudadanos y otras fuerzas por lo que se aprobó.

El 'popular' Miguel Ángel García Nieto reconoció que el Ingreso Mínimo es «necesario» para combatir la pobreza extrema, como aseguró lleva haciendo la Renta de Ciudadanía en los últimos diez años. Sin embargo, rechazó que se haya puesto en marcha sin buscar el «máximo consenso» con la técnica del «Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como», y sin contar con las comunidades autónomas.

Por ello, apeló al principio de «igualdad» y denunció el «privilegio» otorgado a País Vasco y Navarra y recordó Castilla y León gestiona la Renta Garantizada de Ciudadanía, que aseguró beneficia 10.000 familias y 22.600 beneficiarios. También destacó la «nota más alta» de los servicios sociales. «Está más que demostrado que Castilla y León está capacitada para prestar una gestión eficaz», dijo.

«Somos los mejores», dijo en materia de gestión y argumentó que cuenta con dos instrumentos como son los profesionales con un «profundo» conocimiento de la tierra y la red tejida con las entidades locales. También valoró la colaboración entre la Junta y el Gobierno desde la «lealtad», pero manteniendo la reivindicación, por lo que calificó de «injusto» e «inaceptable» el recorte de 58 millones para servicios sociales.

La procuradora de Ciudadanos Maria Teresa Gago pidió a través de una enmienda de adición mejorar la prestación para reforzar su carácter inclusivo para ofrecer amparo con esta prestación a los demandantes de asilo o protección internacioal que llegan a España. También respaldó las demandas del Grupo Popular, para pedir que la gestión se transfiera a Castilla y León por la «solvencia» demostrada y por la «igualdad» entre territorios y reclamó el «fallido» reparto de fondos a las comunidades.

Además, precisó al PSOE que no comparten la habilitación de ayudas gestionadas por el Estado y las comunidades, por lo que defendió el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo, tras haber tramitado la Renta de Ciudadanía.

La socialista Nuria Rubio presentó un enmienda de adición para que el ahorro en la Renta Garantizada de Ciudadanía fuera destinada a los servicios servicios para garantizar la protección de los más vulnerables. Además, la socialista admitió que será necesaria una reflexión sobre su integración y la financiación a largo plazo.

Sin embargo, la socialista rechazó la demanda sobre el Fondo COVID-19, que recalcó es la mayor transferencia jamás realizada al margen del sistema de financiación autonómica, y pidió al PP que no busque el enfrentamiento entre comunidades.

«No vamos a dejar a nadie atrás», dijo Nuria Rubio, quien pidió a los 'populares' que asumieran el «avance» que supone el Ingreso Mínimo, porque mejorará la vida de un gran número de familias, que sufren situaciones que a su juicio se han agravado durante la pandemia.

«Una vez más es el PSOE en el Gobierno el que impulsa los agrandes avances en el Estado del Bienestar», afirmó Rubio para preguntar al PP si son del partido de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y otros dirigentes 'populares' que aseguró defienden que es una «paguita».

También, la parlamentaria de Podemos Laura Domínguez acusó al PP de buscar la «patente» del Ingreso Mínimo, con la reclamación de la gestión, y puso en duda la demanda de descentralización de los 'populares'. Además, señaló que la Renta Garantizada de Ciudadanía no cubre a las mismas familias, ni con el mismo importe. Por último, instó a recuperar los tres millones no invertidos en personal de servicios sociales en los últimos.

Igualmente, el 'leonesista' Luis Mariano Santos (UPL) pidió reconocer lo positivo de este ingreso mínimo, dentro de la filosofía de la lucha contra la pobreza, aunque se pueda discutir sobre su sostenibilidad, su financiación o su gestión. «La oportunidad de su creación está fuera de toda duda», dijo y acusó a la Junta de pedir descentralización, para centralizar con la «otra mano», tras confesarse creyente en el autonomismo útil de La Rioja y Cantabria.

Finalmente, el procurador de Vox pidió una renta coyuntural mínima para residentes «legales», pero rechazó el ingreso por que generará desigualdades entre comunidades y no favorecerá la búsqueda de empleo. Por ello, pidió que sea una prestación estatal y advirtió de que generará la dependencia al Estado y, como ejemplo, puso las ayudas de los ERTES.