La abogacía de Castilla y León pide a Justicia dotación material y personal adecuado para los partidos judiciales en la reforma legislativa

Este requerimiento forma parte de la declaración aprobada por el Pleno del Consejo en el IV Congreso del CACYL, celebrado en Burgos del 9 al 11 de marzo, que se elevará a las tres instituciones como aportaciones a la futura reforma judicial. «Desde el Consejo tenemos el compromiso con los ciudadanos de colaborar en la mejora de la Administración de Justicia y es necesario que la abogacía sea oída y tenida en cuenta», afirmó el presidente del Colegio, Julio Sanz Orejudo, en un comunicado recogido por Ical.

El documento redactado por el Pleno del Consejo autonómico recoge las recapitulaciones de las seis mesas de debates de la cita burgalesa, que analizaron no solo la territorialidad, sino también el turno de oficio, la innovación tecnológica y la comunicación.

La necesaria revisión de la Ley de Justicia Gratuita, unida a la equiparación de los pagos a los letrados de oficio en todos los territorios, fue un punto de encuentro entre los asistentes al congreso. Además, la declaración también apunta hacia la necesidad de la desconexión digital para los profesionales de la abogacía y la aprobación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa.

El congreso de Burgos abordó en primer lugar la territorialidad, una cuestión de especial relevancia en Castilla y León debido a su escasa población y su gran dispersión geográfica. Como señala el presidente del CACyL, «los partidos judiciales son la base de una justicia ágil y cercana al ciudadano», una afirmación en la que coincidieron todos los participantes en la cita autonómica.

«La escasez de medios perjudica directamente al ejercicio de los derechos básicos del ciudadano, especialmente en los casos de violencia de género, por lo que habría que potenciar los medios materiales y personales, incluidos los periciales», aseguró Julio Sanz Orejudo.

La petición que se elevará a Justicia, el CGPJ y el TSJCyL recoge también la necesidad de impulsar definitivamente la revisión de la Ley de Justicia Gratuita. «La abogacía de Castilla y León defiende el vigente modelo, que se apoya en el gran esfuerzo de los abogados de oficio y en la eficiencia de los colegios, pero es urgente actualizar la ley», puntualizó el presidente del CACyL, quien añadió que «debe estar garantizado el cobro de todas las intervenciones realizadas por los letrados de oficio y hay que equiparar las indemnizaciones con las de otros territorios para reparar la injusta diferencia existente».

Miembros de cuatro de los partidos con representación parlamentaria (PP, PSOE, Ciudadanos y Vox) se comprometieron durante el IV Congreso de Burgos a suscribir una propuesta conjunta de modificación de la Ley de Asistencia Gratuita, contando con la participación de la abogacía institucional.

Las nuevas tecnologías, una realidad en el trabajo diario de los abogados, ocuparon un lugar destacado en el programa de la cita autonómica. Como conclusión de los debates en torno a este tema, el CACyL señaló que es necesaria «una regulación de las situaciones de falta de funcionamiento de los programas informáticos y una formación para los letrados en las nuevas aplicaciones digitales». Sanz Orejudo puso además sobre la mesa la desconexión digital: «Desde la abogacía exigimos la aplicación inmediata de las leyes de conciliación familiar y laboral a nuestro colectivo».

El Consejo de la Abogacía de Castilla y León pedirá también la dotación de seguridad jurídica ante la aplicación de las nuevas tecnologías y que se incluya a «los abogados como representantes en las comunicaciones digitales, no solo a los procuradores». Además, Julio Sanz Orejudo explicó que «la exigencia de aportación de medios de prueba con antelación u otras actuaciones judiciales derivadas del uso de medios digitales no debe afectar al derecho de defensa ni a la estrategia procesal de los letrados».

Finalmente, la declaración firmada por el CACyL contempla también la comunicación de los procesos judiciales por parte de los medios de comunicación y las redes sociales. Sin descuidar el derecho a la libertad de expresión y de información, el presidente del Consejo apuesta por el «respeto al derecho de defensa y presunción de inocencia de las personas investigadas y encausadas».

Al respecto, Sanz hace referencia a la necesidad de aprobar la Ley Orgánica del Derecho de Defensa: «Es el conjunto de facultades y garantías jurídicas que permiten a las personas físicas y jurídicas proteger y hacer valer sus derechos e intereses legítimos en cualquier tipo de proceso y ante cualquier instancia pública o privada».