Más de 257.000 asuntos resueltos el año pasado revalidan a los juzgados de paz de la comunidad

Por provincias de la comunidad, es Segovia la que más asuntos civiles y penales registró en sus agrupaciones, y también la que más expedientes resolvió. Entraron 44.375 casos civiles y se resolvieron 44.654, mientras que los asuntos penales que ingresaron fueron 31.611 y se solucionaron durante el año 31.737. Le siguen, pero a casi el doble de distancia, las provincias de Soria y Valladolid.

La mayoría de los actos realizados en los juzgados de paz consisten en el auxilio judicial, especialmente, la tramitación de exhortos, es decir, comunicaciones que proceden de los juzgados ordinarios para que se las hagan llegar a los vecinos de sus municipios. Por ejemplo, cuando son citados porque están inmersos en algún procedimiento como denunciados o testigos. Muchas veces, si los vecinos tienen que prestar declaración, pueden hacerlo en su mismo pueblo sin necesidad de desplazarse hasta la sede del partido judicial correspondiente.

Castilla y León, que es la cuarta comunidad en número de partidos judiciales de España, tiene la cifra más alta de todo el territorio en número de juzgados de paz. Estos están organizados en 159 agrupaciones y están atendidos por 326 funcionarios de la Administración de Justicia y, en los pueblos muy pequeños, son los secretarios de los Ayuntamientos los que se ocupan de las inscripciones en el Registro Civil.

De hecho, el grueso del trabajo que realizan en la actualidad los juzgados de paz, además de actuar de enlace de la Administración de Justicia con los vecinos consiste en ocuparse de mantener al día los asientos de nacimientos, matrimonios y, en mayor medida dado el envejecimiento poblacional, defunciones de sus convecinos. La reciente prórroga de dos años en la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil ha dado un balón de oxígeno a los juzgados de paz, a los que progresivamente se les han retirado competencias, y cuya razón de ser en el siglo XXI está puesta en cuestión por buena parte de la judicatura profesional, por entender que los recursos humanos, materiales y económicos que se destinan podrían servir para reforzar los muy saturados juzgados de las capitales de provincia.

Una argumentación que rechazan los políticos locales y los vecinos de los pueblos, quienes consideran que la desaparición de este servicio de justicia cercana en el medio rural contribuiría a la ya difícil pervivencia de los municipios. Pero mientras la reforma de la Ley de Planta y Demarcación Judicial siga en el cajón del Ministerio de Justicia –la reorganización planteada en 2014 contemplaba la supresión de hasta 385 juzgados de primera instancia e instrucción, y la desaparición de la figura del juez de paz, 7.693 en todo el país– y se mantenga el actual mapa basado en el sistema de partidos judiciales, y mientras haya vecinos que sigan queriendo mediar para mejorar la convivencia en sus pueblos, la Justicia de Paz va a seguir siendo la más cercana.

En noviembre de 2017 el Gobierno aprobó el destino de casi dos millones de euros para subvencionar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz en el territorio Ministerio, es decir, para las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias judiciales, como Castilla y León, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Región de Murcia y Extremadura. La distribución del crédito destinado a cubrir gastos de estos juzgados varía en función del número de habitantes en cada municipio.

Como Castilla y León es, de esas cinco comunidades autónomas, la de mayor número de municipios, 2.247, al conjunto de sus ayuntamientos va a parar buena parte de esa subvención del Ministerio, cerca de un millón de euros.

El total de 1.994.210 euros se reparte en seis módulos: los pueblos de 1 a 499 habitantes cobran 310 euros; de 500 a 999 habitantes, reciben 579 euros. De 1.000 a 2.999 habitantes son subvencionados con 1.091 euros; de 3.000 a 4.999 habitantes, 1.570 euros y los de 5.000 a 6.999 habitantes, 1.947 euros. Los de 7.000 o más habitantes son compensados con 2.258 euros.

Tiene 72 años, está jubilado después pasar gran parte de su vida trabajando en una fábrica de madera en su pueblo, en Tardelcuende (Soria). Hace 12 años que Vicente Marina ejerce como juez de paz en el municipio, que no sobrepasa los 500 habitantes. «Llevaba ya tres años de suplente antes de ejercer de titular y, cuando al juez que estaba conmigo le dio un infarto, retomé yo. El Ayuntamiento sacó la convocatoria y a partir de ahí el puesto se renueva cada cuatro años», indicó el 'hombre bueno' de Tardelcuende. Sentado en la sala principal de su casa, explicó que «hay cosas que no te agradan de este cargo, aunque no es muy duro; además tengo al secretario del juzgado, que me asesora y el que lleva todas las documentaciones». No hace falta tener estudios para ser juez de paz, «pero a mí siempre me ha gustado esto, al igual que la política», reconoce Vicente Marina, que es un vecino muy involucrado en su pueblo y con una gran capacidad de consenso. Es paciente «y sobre todo, hay que tener mucha psicología para mediar en los conflictos y explicar bien a cada parte qué ocurre y cómo se puede solucionar». Le hubiera gustado estudiar, quizás Derecho. Desde su experiencia como juez lego, opina sobre el estado de la Justicia española que «algo falla cuando sentencias mediáticas provocan que la gente salga a la calle a protestar».

Marina puede tramitar, celebrar vistas y dictar sentencias en juicios de faltas por hechos de pequeña gravedad. «Yo nunca he llevado un juicio a Soria, todos los he resuelto aquí, solo llevé uno que era un poco más grave y me dijeron en Soria que yo era capaz perfectamente de resolverlo en mi pueblo como lo había hecho otras veces, y así lo solventé». Se trataba de dos vecinos, uno le había amenazado a otro de muerte con una escopeta por asuntos de caza. «Los reuní en la sala que tengo en el Ayuntamiento y yo tenía que sancionar con un máximo de 502 euros al denunciado, pero el denunciante retiró la denuncia por miedo a represalias si yo imponía la sanción». Subraya que no se ha ganado enemigos pese a tomar decisiones que, aunque justas, a veces ambas partes no las entienden.

Se producen, en ocasiones, situaciones tensas cuando reúne a los vecinos en conflicto, «pero hay que tener mucha psicología y a la vez hay que ser firmes y si hay que expulsar de la sala a alguien, también lo he hecho. Para mí fue muy emotivo que, en uno de los actos en los que se llevaron abogados, estos me trataran de 'señoría'».

La lógica y, ante todo, las pruebas que presentan las partes son los dos aliados para que Vicente establezca sus sentencias como juez de paz en Tardelduente. «Y hay otra clave, también muy importante, que es que yo conozco muy bien a las personas que viven aquí y sé quién tiene razón y quién no la tiene, sé cómo y quiénes son mis vecinos; conozco bien los terrenos, porque muchas de las disputas viene por derribo de mojones o traspaso de linderas».

Solo debe abstenerse si un familiar suyo se ve involucrado en una disputa. Entonces interviene un suplente. Tampoco podrá casar a su hijo, que celebrará la boda el próximo septiembre, se lamenta. Entre las mayores alegrías, menciona la de inscribir nacimientos en el Registro Civil. Pero son más habituales las defunciones. Recuerda con pesar la desaparición de un vecino de Covaleda que vivía en la residencia de ancianos. «Después de dos días de búsqueda lo encontramos en el río y tuve que presenciar la autopsia». En materia penal, solo puede celebrar juicios menos graves: insultos, coacciones y cierto tipo de amenazas, pero «Tardelcuende es un pueblo más bien tranquilo, sobre todo últimamente», le indica a Isabel G. Villarroel.