Rafael Delgado declara ante la jueza de la trama eólica que se limitó «a seguir las indicaciones del consejero»

El exviceconsejero de Economía y Empleo, que ha sido interrogado este viernes durante cuatro horas por el fiscal anticorrupción, se declara testigo mudo de las negociaciones entre las compañías del sector energético y los empresarios locales

M. J. Pascual

Viernes, 2 de junio 2017, 18:45

Durante las cuatro horas de interrogatorio en manos del fiscal especial anticorrupción Tomás Herranz, el que fuera número dos de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León entre 2003 y 2007 y secretario general entre 2007 y 2011, Rafael ... Delgado, firmante de las autorizaciones para los parques eólicos, ha insistido en que él se limitaba a «seguir las indicaciones del consejero». Sin aludir en ningún momento por su nombre a Tomás Villanueva, le acusó de dar la orden expresa para que las grandes eléctricas repartieran el «melón» del sector eólico con los empresarios locales, lo que, según la Fiscalía Anticorrupción, se traduce en 81 millones de euros en comisiones ilegales.

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Delgado ha sido el primer investigado en abrir el calendario de interrogatorios a una veintena de personas, entre exaltos cargos de la Junta y empresarios, que pasarán por el Juzgado de Instrucción 4 el próximo día 27 de septiembre como investigados y testigos de la supuesta trama.

En su declaración, que se alargó hasta pasadas las 15:30 horas tras responder también a las preguntas de la abogada del Estado, Delgado se limitó a «nadar y guardar la ropa», según ha relatado a los periodistas el abogado de Ecologistas en Acción, Emilio Martínez, a la salida de los juzgados. El representante de la acusación popular -Ecologistas está personado desde hace dos días en la causa, tras conseguir que la jueza les rebajara la fianza de 20.000 euros a 3.000 euros- ha indicado que Delgado les explicó que el 'boom' del sector eólico a partir de 2004 llevó al consejero de Economía a dar la orden expresa para que aquellas eléctricas que fueran a ser beneficiarias de los parques eólicos dieran cabida en su accionariado a empresarios locales. «Se trata de una cuestión que no se compadece con las normas vigentes de contratación, pues en el sector eléctrico se habla específicamente de que eso corresponde a la iniciativa privada, con lo que no se entiende qué hace el consejero diciendo que tiene que estar fulanito, zutanito, gente de aquí...», ha declarado el letrado de Ecologistas.

Respecto de la figura de la 'avocación' puesta en marcha en 2004 y considerada ilegal por Anticorrupción por contravenir una norma de rango superior, Delgado ha insistido en que fue decisión del consejero. Este sistema suponía que la Consejería se arrogaba la postestad de autorizar o denegar las licencias, algo que desde un decreto de 1997 era competencia de los distintos servicios territoriales, y esa potestad se concentró en el investigado, que firmaba las autorizaciones. Sin embargo, tal y como ha manifestado el letrado de la acusación popular, Delgado «ha dejado en una nebulosa quién dio la orden».

La acusación popular ha reprochado al principal investigado de la trama que se haya limitado a «tirar del manual del cargo público investigado», hasta el punto de »dar un cursillo de cómo cruzar a nado el Pisuerga desnudo sin mojarse», al mantener que, aunque estaba enterado de las negociaciones y trámites entre las grandes eléctricas y los empresarios locales, se limitaba a seguir las indicaciones del consejero.

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Disparar hacia arriba

Sobre su versión consistente en 'disparar' hacia arriba, Emilio Martínez entiende que «de ser cierta llevaría a abrir diferentes líneas de investigación, salvo que en realidad todo se haya ceñido al negocio privado de una persona rodeada de empresas, intereses y funcionarios y que todo se halla resuelto en ese ámbito».

A preguntas de los periodistas sobre si las acusaciones van a pedir la comparecencia en el Juzgado de Tomás Villanueva, a tenor del resultado del interrogatorio de Rafael Delgado, el abogado de Ecologistas ha afirmado que ve «muy difícil» que el exconsejero de Economía, no termine por ser llamado a la sede judicial, «al menos como testigo».

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