Elisa Campillo
Jueves, 25 de mayo 2017, 10:51
La Consejería de Empleo ha convocado recientemente ayudas destinadas a las empresas para financiar parcialmente el coste de la cuota empresarial a la Seguridad Social devengada por los trabajadoras en situación de suspensión de contrato o reducción de jornada fruto de un expediente de regulación ... de empleo (ERE), siempre que este haya sido comunicado por el empresario y se haya resuelto con un acuerdo entre la empresa y el trabajador.
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La convocatoria destina una partida de 145.000 euros para las ayudas, que cubrirán hasta el 20% del total de la cuota empresarial de los trabajadores durante un periodo mínimo de 25 jornadas y máximo de 120. En caso de suspensión por meses completos, la duración no deberá superar los cuatro meses.
En la convocatoria del ejercicio anterior, un total de 1.543 trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo percibieron estas ayudas por un importe total de 1,16 millones de euros. El número de beneficiarios y la cuantía se reduce año a año al mismo ritmo que desciende el número de procesos abiertos y de trabajadores afectados.
Para optar a estas ayudas, el procedimiento de regulación de empleo debe afectar a un máximo de 250 trabajadores en cada centro de trabajo que la empresa tenga en el ámbito de Castilla y León y deben haberse realizado en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2016 y el 31 de julio de este año.
Mantenimiento del empleo
Añade la convocatoria como requisito que la empresa beneficiaria de la ayuda deberá mantener el empleo de los trabajadores afectados durante un periodo de seis meses tras la finalización de la suspensión del contrato o la reducción de jornada, excepto en caso de dimisión, jubilación, muerte o gran invalidez del trabajador o de muerte, jubilación o incapacidad del empresario.
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Estas ayudas para la financiación del coste de la cuota empresarial de la Seguridad Social se podrán solicitar hasta el 16 de agosto de 2017. Para estas ayudas no podrán ser beneficiarias las administraciones públicas y los solicitantes deberán acreditar el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad.
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