Familia y tercer sector acuerdan que el modelo mixto del IRPF social garantice la financiación a las entidades para mantener los programas

El acuerdo firmado en la Comunidad se produce después de la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, convocada por el Gobierno central, para concretar una fórmula tras la sentencia del Tribunal Constitucional que otorgó parcialmente la razón a la Generalitat de Cataluña y reconoce la competencia de las autonomías para gestionar parte del 0,7 por ciento de la casilla de la declaración de la renta, destinado a fines sociales.

La consejera Alicia García destacó la importancia de la asignación tributaria del IRPF social, que funciona desde hace 20 años, y recordó que el año pasado permitió la financiación de 353 proyectos de 118 entidades por un importe global de 20 millones de euros. Un dinero destinado a distintos programas de infancia y familia, jóvenes; mujeres, personas mayores, colectivos con discapacidad, dependientes, pueblo gitano, personas con problemas de drogodependencia o afectadas por el VIH/Sida, reclusos y exreclusos, personas sin hogar y de LGTB.

García apuntó, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, que el objetivo del acuerdo es garantizar la financiación de los programas de interés social con cargo a la asignación tributaria del IRPF se mantengan para el próximo ejercicio en los mismos términos que en 2017. Unos fondos que, precisó, son muy relevantes para las entidades del tercer sector pero también para el propio sistema de Servicios Sociales de Castilla y León. De ahí la posición nítida y contundente de la Junta para dar estabilidad y certidumbre en un año de transición para que el destino de esos fondos sea a proyectos de interés social y no a otros, como han planteado otras comunidades.

El presidente de Cermi Castilla y León, Francisco Sardón, valoró que la firma del acuerdo visualiza la fuerza y la unidad que existe entre el tercer sector y la administración regional. Castilla y León no puede perder un euro porque la gente necesita recibir los fondos para llevar a cabo los proyectos, rubricó. No en vano, consideró que la continuidad de esta fórmula es clave para que la Comunidad siga con su liderazgo en Servicios Sociales.

Por su parte, el presidente autonómico de Cruz Roja, José Varela, valoró un modelo donde prima la solidaridad puesto que Castilla y León no es la comunidad que más recauda por IRPF. De ahí que apostara por una unidad total y un apoyo a la Consejería porque aquí todos nos jugamos mucho. En el mismo sentido, se pronunció su homólogo en Cáritas, Antonio Jesús Martín, quien consideró necesarias estas acciones ante la incertidumbre creada. Lo importante es seguir juntos más allá del año próximo, afirmó. El responsable regional de EAPN, Daniel Duque, hizo hincapié en que el dinero es finalista para financiar proyectos sociales.

El acuerdo firmado establece la coordinación para que Junta y entidades del tercer sector consensúen los programas a financiar con cargo de asignación tributaria del IRPF que reciba la Comunidad. También se creará un grupo de trabajo que establecerá un marco de colaboración en el futuro para la orientación, la gestión y la mejora de los programas.