Marcos defiende que el caso de las eólicas «no es una trama de corrupción ni administrativa ni política»

Allí, Marcos insistió en que la Junta de Castilla y León no conoce el contenido del informe de la Fiscalía más allá de lo que han publicado los medios de comunicación, motivo por el cual lo han solicitado al juzgado para conocer en qué se basa la querella. Lo primero, sostuvo la portavoz, es conocer de primera mano esa información y si se deriva perjuicio para la Hacienda pública, el Ejecutivo se personaría en la causa.

Es evidente que no se trata de una trama de corrupción administrativa, ni política porque no hay dinero público afectado, subrayó Milagros Marcos, quien incidió en que los que tienen que emitir dictamen son los jueces y no otras personas porque la Junta lo que quiere es que se depuren responsabilidades cuanto antes.

Hasta donde sabe el Ejecutivo, continuó, sólo hay una persona afectada en el ejercicio de su labor en la administración, mientras que el resto de implicados son trámites entre empresas y particulares. No hay una trama política, reiteró Marcos, para añadir que lo que quiere la Junta es tener la información para ver cómo actuar porque la Junta siempre ha apoyado la investigación y colaborado en todo lo que se les ha requerido.

En todo caso, recordó que se trata de hechos ocurridos hace 14 años donde, al parecer, una personas en el ejercicio de su cargo no actuó como debiera. Sin tener todos los datos, añadió, parece complicado que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, comparezca en las Cortes como han pedido los grupos. Estos problemas se deben dirimir en los juzgados.