Agricultura da por perdida la cosecha en Valladolid y Palencia

El plan hidrológico de esta cuenca dispone de 1.300 millones de euros de inversión para los próximos años para llevar a cabo actuaciones relacionadas con la modernización de regadíos, sistemas de regulación de los ríos, depuración, abastecimiento o saneamiento, entre otras medidas, pero de momento poco podrá hacer para incrementar la cantidad de agua embalsada en la cuenca.

Los lamentos de los profesionales del sector y las peticiones de las administraciones autonómicas junto con la conciencia del Gobierno central han derivado en la redacción de un decreto ministerial sobre la sequía cuya tramitación ya ha comenzado y que no tardará en ver la luz. Se habla de un periodo de en torno a un mes. El documento recoge una serie de medidas para paliar, en la medida de lo posible, los efectos que la ausencia de agua ha provocado en el campo buscando, según García Tejerina, «garantizar la rentabilidad de las explotaciones».

Lo peor, Palencia y Valladolid

El efecto del calor y la falta de agua no se ha registrado de una manera uniforme, algunas zonas están peor que otras y, en el caso de estas últimas, habita cierta esperanza para evitar el desastre total. Sin embargo hay dos áreas concretas donde el Ministerio ya da por perdida la cosecha, que son las provincias de Valladolid y Palencia. «Ahí es donde está lo peor», reconocía la ministra, que anunció haber pedido ya a Agroseguro que comience a indemnizar a los afectados de estas dos zonas. Los daños serán traumáticos puesto que estas dos provincias representan un peso importante en la producción cerealística de Castilla y León que produce sobre un tercio de la cosecha nacional de cereal con una media de 19 millones de toneladas en los últimos diez años y que en la última campaña dejó una cosecha récord en la comunidad de 23,2 millones de toneladas.

El agua que ha caído en lo que llevamos de año ha reducido las estadísticas en casi el 40% con respecto al año anterior con lo cual, las reservas para la campaña actual exigirán de una férrea gestión que se traducirá en una serie de restricciones. El límite está en el consumo humano que, según García Tejerina, está «totalmente garantizado», pero los cultivos y la relación entre los regantes y la Confederación Hidrográfica del Duero sufrirán tensiones por esta razón. No obstante, el objetivo del Ministerio es que se permitan «todo tipo de restricciones» para que afecten a todos por igual y no solamente a las comunidades de regantes, según la ministra.

Caída en la rentabilidad

Esta es la primera de las medidas que se aplicarán para intentar garantizar el mínimo de una cosecha que se augura mermada y que se notará mucho más al suceder a una que fue muy buena, la del año pasado. Este hecho provocará una caída en la renta de los agricultores para lo cual el Ministerio ha recogido tres medidas para paliar esos efectos.

La primera tiene que ver con las ayudas de la Política Agraria Comunitaria que, insiste la ministra, se han incrementado el 3% en Castilla y León y eso aportará más seguridad económica a los profesionales del campo.

La segunda pasa por una política de apoyo a la contratación de los seguros agrarios para lo cual, el departamento de Tejerina había habilitado una partida de 212 millones de euros de los cuales cerca de 30 millones se destinarán a Castilla y León. Apunta además que, según lo estipulado en el módulo uno, la subvención estatal podría alcanzar el 65% del daño (es el máximo que permite la Unión Europea) cuando las pérdidas en la parcela superen el 30%. No obstante la duda está en qué ocurrirá con los agricultores que no hayan contratado un seguro porque, aunque el Gobierno valora el índice «bastante alto» de la contratación de seguros en Castilla y León (supera el 50%), lo cierto es que los profesionales no han interiorizado todavía esta política de seguridad. «Esta comunidad apunta García Tejerina está por encima de la media nacional en contratación».

Por último, la tercera de las medidas a aplicar en ese decreto pasa por la reducción de la presión fiscal. En el caso de la sequía que afecta esta campaña al campo, el efecto en la Declaración de la Renta no se podrá tener en cuenta hasta el próximo año, que es cuando se cumple con las obligaciones fiscales y será entonces cuando, tras haber analizado y valorado los daños, se contemplen reducciones y ventajas fiscales para los profesionales del campo. No obstante, lo que ya está aprobado y de hecho se publicará a lo largo de la semana que viene, es una orden ministerial en la que se recoge una rebaja de los módulos fiscales para el sector del cereal, el bovino de leche y la ganadería extensiva. En términos generales, esta medida supondrá un ahorro de más de 300 millones de euros para los agricultores, de los cuales unos 60 afectarán a los profesionales de Castilla y León y, de esa cantidad, aproximadamente 50 millones serán reducciones de los cultivos herbáceos. «Es algo que no había pedido nadie», se felicitaba la ministra, insistiendo en que esta medida ayudará también a reducir las pérdidas económicas a las que se enfrenta ahora el campo.

Lo que de momento no se prevé son ayudas de mínimos como habían solicitado las organizaciones agrarias aunque, según el Ministerio de Agricultura, lo que sí que se contemplan son ayudas a la financiación para las que se cuenta con un presupuesto de 90 millones de euros. El Ejecutivo soportará el 100% de los avales hasta 40.000 euros por explotación con un año de carencia y pago a cinco años. Además, se tramitarán préstamos a través de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) con un «interés muy ventajoso de entre el 1% y el 1,5%». Esta medida se está tramitando ya y se aprobará en alrededor de un mes, según las previsiones del Ministerio.