Las Cortes aprueban la mitad de leyes en dos años de hemiciclo más plural y sin mayoría del PP

En los dos primeros años de la legislatura 2011-2015, el pleno de las Cortes había aprobado 12 leyes, entre ellas las de presupuestos -proyecto que acaba de entrar para este año-, mientras que el número de normas ratificadas por la Cámara hasta ahora es de seis, la mitad cuando faltan unos meses para llegar al ecuador de este mandato, el último de Juan Vicente Herrera, que ya ha dicho que no será candidato en las próximas elecciones.

Las dos normas de mayor calado que han entrado en vigor llevan la firma de la Consejería de la Presidencia. Se trata de la ley por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes y la ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

En ambos casos, el Grupo Popular contó con el apoyo de Ciudadanos, igual que la aprobación de las cuentas de 2016 salieron adelante con la abstención de la formación naranja. Una modificación del Estatuto del Consumidor; un leve cambio en la Ley de Archivos; la ampliación del Lago de Sanabria y una regulación por la que se adoptan medidas para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis han sido las aprobadas.

En tramitación se encuentran otros dos textos elaborados por la Consejería de la Presidencia, la que hasta la fecha cuenta con una mayor producción normativa. Son el proyecto de ley por el que se aprueba el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio de Castilla y León y el de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo en Castilla y León.

Entre las 12 leyes aprobadas en los dos primeros años de la anterior legislatura, están las relativas a los cambios en el Consejo de Cuentas y Consejo Consultivo; organización y funcionamiento de las instituciones propias; integración de inmigrantes; igualdad de oportunidades de personas con discapacidad; estabilidad y disciplina presupuestaria o estímulo a la creación de empresas.

Calidad sobre cantidad

La calidad sobre la cantidad valora el secretario general del Grupo Popular en las Cortes, Juan José Sanz Vitorio, que califica de satisfactorio el nivel de las normas aprobadas y menciona las leyes de los altos cargos, garantías de los informantes y Red de protección, aunque admite una menor producción normativa en un análisis comparativo.

No atribuye el 'popular', en declaraciones a Ical, esa diferencia numérica a la pérdida de la mayoría absoluta del PP, sino más bien a cuestiones coyunturales y circunstanciales, a la vez que subraya que ya están en tramitación otras tres -víctimas de terrorismo, mapas rurales y cambios en la ley electoral- a las que une las de presupuestos y medidas y recuerda que las mismas se volverán a registrar en octubre.

Sanz Vitorio considera que a finales de 2007, cuando entre la del diálogo civil, el número de proyectos de ley será muy similar y se igualará a los aprobados en los dos primeros años del anterior mandato. A ello añade la reflexión de que el número de normas, que apunta a como es considerado en «exceso» por expertos- tenderá a reducirse y a caminar más en la armonización que en la producción, debido al alto grado de competencias asumidas. «Es satisfactorio su nivel desde el punto de vista cualitativo», remacha.

Incapacidad para el acuerdo

La viceportavoz socialista, Virginia Barcones, atribuye el menor número de leyes a la pérdida de la mayoría absoluta y a la «incapacidad» del PP para llegar a acuerdos en un nuevo escenario y subraya que al final «quien paga son los ciudadanos». Así, recuerda que los populares tumbaron su proposición de ley para blindar los tiempos de demora en la sanidad pública.

De las aprobadas, lamenta que la ley de los altos cargos saliera sin un gran acuerdo en regeneración y subraya que se aplicará en diferido porque la limitación de mandatos no tiene efecto en esta etapa, ni tampoco la incompatibilidad entre los cargos de alcalde y procurador, que afectaría a los regidores de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, y de León, competidores en las primarias populares, saldadas a favor del primero.

«Les cuesta cumplir, y lo poco que legislan se aplicará en diferido», valora la socialista, que observa además como la Junta acude a la «triquiñuela» de modificar normas en la ley de medidas en vez de aprobar cambios en las normas sectoriales.