Castilla y León apuesta por una atención individualizada y la protección de menores para el futuro Pacto de Estado contra la Violencia de Género

La repsonsable de Castilla y León hizo especial hincapié durante su intervención en la necesidad de mejorar la coordinación entre los distintos agentes implicados en la lucha contra el maltrato de la mujer. En este sentido, la consejera puso como ejemplo el modelo de atención a las víctimas Objetivo Violencia Cero implantado en la Castilla y León en 2016 y que está permitiendo, entre otras cosas trabajar en red.

Por otra parte, puso en valor que este modelo favorece la existencia de profesionales de referencia que atienden a las víctimas de una manera individualizada desde el inicio hasta la recuperación integral. No en vano, destacó el acuerdo alcanzado con el Tribunal Superior de Justicia para que tanto jueces como fiscales puedan tener acceso a la historia social de las víctimas para mejorar la toma de decisiones. De este modo, pretenden dotar a los profesionales de las herramientas necesarias para combatir esta lacra de manera personalizada.

Abrir un debate

Asimismo, la consejera apostó por reanudar el debate sobre el concepto de víctima de violencia de género al considerar que debe ser más amplio e incluir así a los hijos de las mujeres maltratadas y a todas las personas que dependan de ellas. Y con el objetivo de dar una mayor proyección a los menores, hacía otra serie de propuestas como arbitrar recursos para los menores huérfanos a consecuencia de la violencia de género y dotar de recursos a los familiares encargados de su tutela.

Además, la consejera explicó que están encontrando casos en los que resulta difícil escolarizar al niño cuando se produce un traslado de domicilio porque tienen que esperar a la autorización del agresor. Al respecro, reclamó que se elimine este trámite para facilitar que el niño pueda retomar sus estudios cuanto antes.

Por último, expuso que desde la consejería consideran importante incrementar esfuerzos en materia de sensibilización y prevención y trabajar en la rehabilitación del maltratador. En el caso de Castilla y León ya se les ofrece la posibilidad de trabajar con psicólogos de forma voluntaria en su recuperación pero proponen que se establezca esta medida de forma obligatoria.

Desde las distintas comunidades reclaman al Gobierno dotar a este nuevo pacto de un presupuesto realista y la ministra exigió al mismo tiempo el compromiso de las autonomía a hacer también una aportación económica con este fin. Sobre este asunto, Alicia García declaró que en Castilla y León, al igual que en el resto de territorios, están a la espera de que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado y aprovechó la ocasión para pedir al resto de grupos políticos que apoyen la propuesta del Ejecutivo para poder así contar con una partida para luchar contra la violencia de género. A expensas de lo que pueda suceder, sí quiso recordar que en Castilla y León aumentó esta partida un tres por ciento en 2016 y que en estos momentos se destinan más de cuatro millones de euros a este fin.