Castilla y León es la segunda comunidad donde las clases medias tributan menos por IRPF

Si sus ingresos ascienden a 30.000 euros, el Impuesto de la Renta se llevará 4.880,55 euros, 50,91 por encima de lo que abona el empadronado en Madrid y 222,35 menos que el que reside en Cataluña. Por último, aquellos que perciben 45.000 euros tributan por Renta 9.349,73 euros si viven en Castilla y León, lo que supone 43,44 euros más que el madrileño, pero 541,6 menos que un extremeño, que es el que más paga en este tramo concreto.

De los tres casos referidos, en los dos últimos la comunidad autónoma se sitúa como la segunda con menor carga fiscal;mientras que en el primero (20.000 euros) se coloca como la tercera, tras Madrid y Galicia, si bien igualada con otras cuatro.

Según señala el estudio Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2017 elaborado por el Registro de Asesores Fiscales, mientras las diferencias por territorios son relativamente pequeñas en el IRPF de entre el 6% y el 12%, en el Impuesto sobre el Patrimonio o en el de Sucesiones y Donaciones «se producen diferencias abismales». En el último de estos casos, los contribuyentes de Castilla y León aparecen entre los que más tributan del mapa autonómico (cuartos o quintos, según las cantidades heredadas o recibidas).

En general, las comunidades han utilizado mucho la capacidad normativa en tributos cedidos, con el siguiente resultado: IRPF, 195 deducciones; Sucesiones y Donaciones, 225 reducciones, bonificaciones o deducciones; e Impuesto sobre Transmisiones, 238 tipos reducidos y deducciones.

Tributos particulares

A la hora de crear impuestos propios, por otro lado, se producen notables diferencias. Mientras Cataluña tiene catorce tributos vigentes en 2017, Andalucía ocho o Asturias siete, Castilla y León solo tiene dos (igual que Castilla-La Mancha), el Impuesto sobre la afección medioambiental por determinados aprovechamientos del agua embalsada, los parques eólicos y las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión;y el Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos. La recaudación por estos conceptos es, así pues, muy diferente en unos u otros territorios. Mientras Cataluña ingresó por los impuestos propios 588,85 millones en 2015; Canarias 447,78 millones y la C. Valenciana, 242,66; Castilla y León obtuvo 66,78 millones.

En una comparación entre lo que supone el peso de lo recaudado por los impuestos propios sobre el total de ingresos tributarios, el resultado es que en la región es el 1,3%, frente al 2,2% de la media nacional (un año antes era el 2,4% en el conjunto de las autonomías y el mismo 1,3% en Castilla y León). En Canarias representa nada menos que en 15%; en Extremadura, el 6,9%; en Asturias, el 3,5%; y en Cataluña, el 3,3%.

Según Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, «el actual sistema de financiación es espeso e incomprensible y fomenta debates territoriales e institucionales estériles». Por eso continuó «el intento del Gobierno de acometer una revisión global de la financiación autonómica y de los impuestos que se derivan de ella resulta muy conveniente, aun reconociendo que por las estrecheces presupuestarias no va a resultar fácil».

Los economistas consideran que las comunidades abusan de las deducciones y bonificaciones. «Se producen muchos cambios y se establecen muchos requisitos, lo cual dificulta el control». Además, en muchos casos «las deducciones se pueden aplicar por colectivos muy pequeños y su importancia individual y colectiva es muy reducida».