Tribunal y Consejo de Cuentas refuerzan la coordinación para remitir la información relativa a los extractos de expedientes de contratación

Junto al Tribunal de Cuentas de Castilla y León, el acuerdo también benefició a la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares y a la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, representados por el síndico mayor, Joan Rosselló, y el presidente, Avelino Viejo, respectivamente.

La coordinación del Tribunal de Cuentas con los mencionados órganos de control en la fiscalización del sector público local se inició en 2007, mediante la firma de convenios dirigidos a la implantación de una serie de medidas para la rendición telemática de las cuentas generales de las entidades locales, iniciativa a la que se incorporaron también los órganos de control externo (OCEx) de otras comunidades autónomas.

En virtud de dichos convenios, la presentación de las cuentas por las referidas entidades locales a través de las correspondientes aplicaciones informáticas ubicadas en la Plataforma de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales (www.rendiciondecuentas.es), en un único acto y bajo un mismo formato, en los términos que se convenía, producía efecto de cumplimiento ante el Tribunal de Cuentas y el correspondiente OCEx. Este modelo se extendió, por los mencionados convenios firmados en 2011 y 2013, a la presentación por aquellas de las relaciones anuales de contratos.

Tras la firma de esta adenda, la colaboración entre dichas instituciones se refuerza y adquiere mayor dimensión, ampliándose, igualmente, a la remisión de los extractos de expedientes de contratación que formalicen y a los convenios que celebren las entidades locales de estas comunidades autónomas en el marco establecido por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

De este modo, la Plataforma de Rendición de Cuentas se fortalece como herramienta única para el cumplimiento de tales obligaciones legales por las mencionadas entidades locales, estableciéndose para ello un procedimiento común y compartiéndose por las citadas instituciones la información recibida, lo que repercute muy favorablemente en la eficiencia de sus actuaciones y facilita la identificación de áreas de riesgo y la selección de muestras para sus fiscalizaciones.

Asimismo, contribuye a la simplificación del cumplimiento de sus obligaciones por las entidades locales, al homogeneizarse los contenidos de la información y los procedimientos de envío. Esta firma se enmarca en el conjunto de actuaciones encaminadas a fomentar la coordinación y la colaboración entre las instituciones fiscalizadoras y que fomenta un ejercicio más eficiente de las funciones que tienen encomendadas, potencian el enriquecimiento recíproco y favorecen la maximización de los resultados del control a nivel global.