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m. j. pascual
Lunes, 13 de febrero 2017, 14:46
Una vez más, dos nombres volvieron a salir a relucir como protagonistas en la instrucción del caso Perla Negra: la sociedad Urban Proyecta y el secretario general de la Consejería de Economía, Rafael Delgado, uno de los principales investigados en la operación urbanística bajo sospecha ... de malversación de fondos, prevaricación y cohecho. En las diligencias del caso, en la que presuntamente están implicados más de una veintena de cargos y excargos de la Junta, funcionarios y empresarios de Castilla y León, declaraban esta mañana dos testigos: el autor del informe de tasación de los 52 millones de euros, sobre el que supuestamente se basó la compra del inmueble de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y el coordinador de servicios de dicha Consejería. El tasador Víctor Laguardia Barca, jubilado desde hace cinco años, declaró no recordar detalles de su informe y estuvo apenas cuarto de hora en la sala de vistas, casi lo mismo que lo otros dos tasadores que pasaron el lunes anterior. Quien sí demostró tener mejor memoria, según fuentes de la investigación, fue el testigo que fue interrogado en primer lugar Tomás Machota Martín, coordinador de servicios y subordinado directo de Rafael Delgado, el 'número dos' de Economía por esas fechas. Según las propias palabras de Machota, él era el «recadero del jefe» y este le encargó, no como consejero delegado de Gesturcal, sino como secretario general de la Consejería, que realizara un informe 'para vender' las bondades de la compra del edificio tanto al consejo de administración de Gesturcal. Los consejeros no tuvieron este informe «valorativo» en sus manos hasta el mismo 19 de diciembre de 2008, el día de la votación. El objetivo del mismo era, señaló el testigo, acallar la incipiente protesta social y convencer a los directores generales y a los propios funcionarios de «los beneficios» de trasladarse a Arroyo de la Encomienda. Machota reconoció que fue Urban Proyecta, la propietaria del edificio, quien le facilitó la tasación de Gesval para que realizara dicho informe, del que dijo, «no era vinculante».
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