De Santiago es «optimista» y espera que la Ordenación 'aflore' en primavera

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha aprobado el proyecto de ley que delimita las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio de Castilla y León, ha negado haberse arrepentido de establecer una mayoría de dos tercios en las Cortes para que las normas que regulan la ordenación territorial puedan ser aprobadas.

Esta proporción de votos favorables implica un acuerdo entre el PP y el PSOE, en el que confía, mientras que ha descartado buscar la otra posibilidad existente en la Cámara, consistente en sumar a los 42 procuradores del PP, los 10 de Podemos y los 5 de Ciudadanos: "No vamos por ahí", ha zanjado.

"Una cosa tan seria no se puede cambiar cada cuatro días, volveríamos a los ciudadanos locos", ha argumentado para defender la necesidad de que este tipo de políticas se fijen con acuerdos amplios, fuera de la dinámica electoral de los partidos.

Sin abundar en la negociación que ha mantenido con el Grupo Socialista, hasta la pasada semana y que seguirán "matizando", sí ha confiado en que "después del esfuerzo" realizado por con socialistas y los agentes sociales "sirva para algo" y el proceso culmine con éxito "entre el 21 de marzo y el 21 de abril".

De Santiago-Juárez ha dado por seguro que el PP votará "en bloque", sin que las críticas iniciales surgidas en algunas provincias vayan a tener efectos ahora, mientras que ha descartado abrir una negociación con algún grupo de procuradores socialistas que pudiera dividir el voto en ese grupo parlamentario.

Sobre el texto aprobado, ha defendido la fórmula participativa de su elaboración y ha destacado la flexibilidad que introduce en la ley general de la Ordenación del Territorio -que es modificada puntualmente con esta nueva norma- para cumplir con el objetivo principal de "prestar mejor los servicios a los ciudadanos, especialmente a los que viven en el medio rural".

"Lo menos importantes son los mapas, lo importante son los ciudadanos", ha insistido el vicepresidente, convencido de que otro hito importante de esta norma es que "blinda por ley" cuestiones que hasta ahora dependían del criterio político, como el número de consultorios por zona básica de salud, el mantenimiento de colegios con pocos alumnos y las residencias en el medio rural.

Sobre estas concreciones, De Santiago-Juárez ha puesto como ejemplo de alguno de los cambios introducidos en la norma para flexibilizarla la posibilidad de que una Unidad Básica de Ordenación del Territorio (UBOST) cuente con dos centros de salud si es que los municipios que la integran disponen de ellos o que en las once Unidades que están compuestas con municipios de varias provincias las diputaciones vayan a asumir únicamente la ayuda a los núcleos de su territorio.

El consejero ha defendido que esta norma es "municipalista", al ofrecer a los ayuntamientos una herramienta para prestar mejor los servicios, y a la vez "autonomista" porque garantiza la prestación de los servicios que son responsabilidad de la Junta de Castilla y León.

Ha recordado también que la aprobación de esta norma servirá también para desbloquear otras dos herramientas previstas en el Estatuto de Autonomía y cuya aplicación vinculó la Junta con la aprobación de esta norma: el Plan Plurianual de Convergencia Interior y el Fondo Autonómico de Compensación.

Para desarrollar ambas herramientas deberán aprobarse en el plazo de seis meses tras la luz verde a la Ley las denominadas Áreas Funcionales Estratégicas, el mismo plazo que tendrán después para dar contenido al Fondo Autonómico de Compensación y el Plan de Convergencia Interior, con el objetivo de hacer frente a los "desequilibrios demográficos o económicos".

Otra de las novedades que introduce este proyecto de ley es que finalmente las mancomunidades preexistentes podrán seguir funcionando, aunque la norma establece que deberán dar buenos resultados y presentar sus cuentas, ya que el consejero ha lamentado que buena parte de ellas fueron creadas sin que posteriormente hayan funcionado.

Del mismo modo, ha afirmado que con el ejemplo del Consejo Comarcal de El Bierzo se ha demostrado que "el modelo de comarcas ha fracasado", ya que los municipios no han cedido competencias a este órgano comarcal, que únicamente ha gestionado responsabilidades entregadas por la Junta.

De aprobarse esta norma tal cual figura en el proyecto de ley, Castilla y León tendrá en total 193 Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio, de las que 16 serán urbanas -incluida ya Benavente- y 177 rurales, con un promedio de 12,8 municipios integrados y una población media de 6.460 habitantes.EFE

orv