Casi la mitad de los componentes eléctricos que se desechan en Castilla y León vuelven a la vida

Para Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente, «se necesita una convicción personal del ciudadano» para impulsar la recogida de estos residuos, por lo que agradeció la celebración ayer de la mesa redonda organizada por El Norte de Castilla 'Residuos electrónicos y de ofimática, su segunda vida' con el patrocinio de la Junta y la plataforma Recyclia.

El consejero, que intervino para clausurar el acto, definió el sector como muy «reutilizable y aprovechable» porque, además de entrañar una obligación medioambiental, «crea un nuevo modelo económico de empleo». Los datos de la Junta señalan que el 38% de las 25.800 toneladas de estos componentes recogidos en 2015 fueron posteriormente recuperados para su correcta gestión, lo que Suárez-Quiñones considera «un porcentaje relevante», aunque indica que «debemos ser más ambiciosos, no solo cumplir los objetivos si no superarlos». En este sentido, las primeras estimaciones del balance de 2016, aún no cerrado, permiten ser optimistas. A la espera de los datos finales, el índice de recogida rondará el 45%, según los cálculos de los responsables de Recyclia, lo que, según el consejero, «nos indica que vamos por la buena vía».

El reto, según Suárez-Quiñones, es llegar al 65% de recogida de los elementos puestos en venta para el año 2019. Un objetivo sin duda ambicioso y que supondrá un esfuerzo mayor de todas las partes. «Hay que buscar el equilibrio completo en toda la cadena», declaró Suárez-Quiñones, que destacó la cantidad de puntos de recogida de residuos en Castilla y León, que ascienden a 1.072.

La mesa de debate estuvo compuesta por José Pérez y Gonzalo Torralbo, consejero delegado y secretario general respectivamente, de Recyclia, plataforma sin ánimo de lucro de recogida y gestión de residuos eléctricos y electrónicos; directivos de tres empresas dedicadas al servicio de transporte, gestión o tratamiento de los residuos como Fernando Martínez, de Taxileon; Daniel Guerra, de Induraees, y Pedro Antonio Martín, de Ilunion; Marta Pérez y José Manuel Fernández, representantes de FECE (Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos) y ACEMA (Asociación de Comerciantes de Electrodomésticos Mayoristas y Autónomos), respectivamente; y Elena Junco, jefa de Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Junta de Castilla y León, en representación de la administración autonómica. El debate fue moderado por José María Cillero, Jefe de Opinión de El Norte de Castilla.

La visión optimista de la Junta respecto al avance en el tratamiento de estos residuos tras el Decreto de febrero de 2015 quedó contrapuesta por la de los gestores. Daniel Guerra, representante de Induraees empresa que ha sufrido un ERE y ha visto reducida su plantilla de 70 a menos de 40 empleados, denunció que a pesar de las nuevas medidas, «la mayoría de problemas siguen existiendo». Según el representante de Induraees el porcentaje de los componentes recuperados es inferior al 25%.

Las otras dos empresas, Taxileon especializada en transporte e Ilunion, cuentan en sus plantillas con un 85% y 90% de personas con discapacidad respectivamente, lo que para Fernando Martínez «es un orgullo y creemos en el empleo estable de la gente con discapacidad».

Por su parte, Pedro Antonio Martín, de Ilunion, recalcó que en ocasiones «no se reconoce ni sufraga nuestra labor», que va más allá de los objetivos marcados por decreto.

Uno de los temas principales que se trataron fue la inexistencia en nuestra comunidad de un Plan Renove para los electrodomésticos que, al obligar al consumidor a entregar el aparato antiguo al adquirir uno nuevo, permitiría subir la tasa de recogida. Esta sería una buena medida, según José Manuel Fernández, de ACEMA, quien, por experiencia propia, conoce otras comunidades en las que funciona un Plan Renove de estas características. En este sentido, el presidente de la asociación recordó que «las tiendas son de gran utilidad» ya que ejercen como vehículo de transmisión a la sociedad. Además, denunció la falta de incentivación de las administraciones a los pequeños comercios y al igual que Marta Pérez, de FECE, recordó que un plan de estas características no haría perder dinero a la Junta si no que «lo adelantaría para luego recuperarlo en forma de IVA».

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Competencia desleal

También se trató la competencia desleal de Internet, donde es común la venta de electrodomésticos sin necesidad para la empresa de recoger el usado. «El problema que tiene la administración con la venta 'on line' es que nadie toma responsabilidades», denunció José Manuel Fernández.

Por su parte, Marta Pérez indicó que es imposible para la FECE asumir los costes de abogados que supondría llevar a los juzgados estas prácticas abusivas por parte de las grandes corporaciones de la web.

Los miembros de Recyclia aportaron datos esperanzadores para el sector: según José Pérez, el presupuesto de la plataforma ha crecido un 20%, lo que supone una mejora en el transporte, el tratamiento o las campañas de comunicación y, en definitiva, un avance en la gestión de estos residuos.

José Pérez habló de una responsabilidad compartida en el sector, donde «todos hacemos un esfuerzo», y enumeró una serie de problemas a los que deben enfrentarse, como la tardanza por parte de la administración central de lanzar la plataforma electrónica prometida hace dos años que facilite los datos y la coordinación entre los eslabones de la cadena. En respuesta, Elena Junco, representante de la Junta, anunció que esa plataforma se habilitará a lo largo de este año. Además, José Pérez denunció la escasa dotación de medios para las autonomías.

Otro asunto que se trató fueron los puntos limpios y la existencia de tramas mafiosas que acuden a ellos para obtener cobre que posteriormente venderán de manera ilegal. José Pérez declaró que no es posible tener a un funcionario vigilando cada punto limpió y denunció que las sentencias quizá no sean demasiado ejemplarizantes.

Fernando Martínez, de Taxileon, apuntó una medida interesante para resolver este problema, ya que su empresa tiene un acuerdo con el Ayuntamiento de León por el que recogen los materiales de los puntos limpios diariamente. Esto ha supuesto a la empresa un aumento del 40% de lo recogido en los puntos limpios.

Por último, señalar que los datos de la Junta indican que cada año se recogen, de media, 4,6 kilogramos de residuos eléctricos y electrónicos por persona. De especial interés, dada su peligrosidad, es la recogida de las pilas, por lo que en el decreto de 2015 se hace hincapié en su tratamiento. Sus componentes, entre ellos el mercurio o el cadmio, pueden ser muy peligrosos no solo para el medio ambiente, sino también para la salud de las personas.