El PSOE señala que la sentencia de las ITV se produce por el «continuo intento por privatizar servicios públicos»

Durante la comparecencia de la consejera de Economía y Hacienda, en sesión extraordinaria, para dar explicaciones sobre los perjuicios que esta sentencia supondrá para las arcas de la Comunidad, Martín señaló que esta sentencia era previsible porque la Administración «prepara todo el procedimiento para que la adjudicación recaiga en una persona o empresa determinada forzando tanto que suelen recurrirse estas adjudicaciones por parte de otros licitadores».

En su intervención en la Comisión de Economía y Hacienda, el portavoz socialista aseguró que para entender lo ocurrido hay que remontarse a 1998, en tiempos de Aznar como presidente y Pérez Villar como consejero, cuando ya se dieron los primeros pasos para privatizar este servicio. De hecho, recordó que el propio Pérez Villar fue el fundador de Itevelesa.

También recordó que en 2004, siendo Bécker consejero de Economía e Industria y Juan Vicente Herrera su secretario general, se adjudicaron a Itevelesa las estaciones propiedad de la Comunidad autónoma de Castilla y León.

A partir de ahí, subrayó, el «clamor popular» fue en aumento ante los elevados precios que convirtieron en Castilla y León en la comunidad autónomas con las tarifas más caras de España.

De hecho, Martín preguntó a la consejera su opinión por la circunstancia de que las tarifas de las estaciones de Itevelesa en la Comunidad sean un 30% más caras que el resto de sus estaciones en España respecto a los automóviles, y un 80% más caras respecto a vehículos de hasta tres ruedas.

El portavoz socialista se mostró visiblemente enojado tras escuchar a la consejera decir que la sentencia del TSJ «no supondrá ningún coste para los ciudadanos; en todo caso, ninguno para la Administración». «No merece usted cobrar un solo euro de su salario por decir lo que ha dicho. ¿O es que el coste de la sentencia lo va a pagar usted con su dinero?».

También replicó a la consejera porque «los ciudadanos tendrán que pagar ahora el coste de la sentencia, incluso los ciudadanos que no tienen coche».