Herrera se lleva a la conferencia de presidentes el respaldo del Diálogo Social

Los participantes en la reunión, que calificaron de «muy densa, útil, y muy interesante», señalaron que no esperan un acuerdo concreto de esa conferencia de presidentes, pero sí quieren que se sienten las bases para que se pueda aplicar el nuevo modelo en los presupuestos de 2018 y cerrar «el actual Sudoku de parches y reparches».

El problema de fondo está en que no hay ingresos para sustentar las estructuras de las Administraciones, motivo por el que Cecale propone que se estudie el copago farmacéutico y sanitario. Previamente, subrayó Santiago Aparicio, es necesario «elaborar un catálogo de servicios y valoración de costes para que esos tramos del copago sean justos».

Lucha contra el fraude fiscal

Tras incidir en la insuficiencia del actual modelo de financiación autonómica, los integrantes del Diálogo Social reclamaron un modelo que cubra los costes de los servicios básicos fundamentales en Castilla y León para poder mantener su calidad y que tenga en cuenta el «coste diferencial» que supone esa prestación en el mundo rural y con una estructura poblacional de un mayor número de personas de edad avanzada.

La principal reivindicación de la Junta a este respecto será que se elimine o, al menos, se flexibilice la tasa de reposición de efectivos en la financiación de los servicios públicos para poder dotar de más personal a esos servicios.

Patronal y sindicatos abogaron también por luchar contra el fraude fiscal ya que, según han insistido CC OO y UGT, el gran problema del sistema de financiación no es de gastos sino de ingresos.

Coincidió Santiago Aparicio, presidente de Cecale, en la necesidad de crear una agencia de evaluación de la calidad de los servicios básicos en cada lugar para «certificar» los costes de las prestaciones y poder hablar con números y con euros concretos esos costes a partir de un catálogo de prestaciones y servicios igualitario para todos los territorios, de modo que una mayor carta de prestaciones en cada Comunidad se pague con impuestos autonómicos.

UGT y CCOO también han planteado una ley nacional que unifique y financie total o parcialmente la situación de las personas que cobran rentas garantizadas de ciudadanía o similares.

El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo,destacó además que todos han coincidido en la necesidad de solicitar al Gobierno una estrategia nacional en temas de población desde el convencimiento de que afecta al conjunto del país y a parte de Europa.

«Es imprescindible que este asunto ocupe la primera línea de la agenda política en España y en el conjunto de Europa», insistió Fernández Carriedo, El líder regional de CCOO abundó en este planteamiento y abogó por una política común por la población a nivel europeo para actuar a medio y largo plazo para «repoblar» determinadas zonas de Europa.

Hernández reconoció que esas medidas van a ser «costosas» pero ha advertido de que si no se hace nada se generará un «problema muy grave de mano de obra» y de natalidad que no van a resolver «ni blancos ni cristianos» ante lo que ha augurado un problema de xenofobia.

Herrera ha contado también con el respaldo de patronal y sindicatos para defender las políticas industriales a nivel nacional y para reflexionar sobre el papel de las comunidades autónomas en las políticas pasivas y activas de empleo sin olvidar dos desafíos sectoriales que «ocupan y preocupan» a Castilla y León como es el caso del futuro del carbón y de la revisión de la PAC donde la Comunidad «se juega mucho».

Carriedo indicó que el presidente de la Junta de Castilla y León pondrá además sobre la mesa los excesivos retrasos de algunas infraestructuras, como la Autovía del Duero o la Valladolid-León. «Castilla y León ha sido ya suficientemente generosa, responsable y comprensiva en una situación de crisis pero estas dos infraestructuras tampoco pueden permitirse más retrasos en el tiempo», puntualizó el consejero de Empleo.